La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, sin dudas, es un cambio positivo para el país; empero, deberá enfrentar múltiples desafíos en una gestión que se pronostica será muy caótica. El MAS no solo ha destrozado la economía boliviana, sino también la Justicia y el Estado. Con su modelo anárquico, ha favorecido a que grupos de poder tengan un control desmedido. Las llamadas organizaciones sociales y sindicatos se han apoderado de Bolivia y, a través del caos y el miedo, imponen su voluntad sobre la de la gran mayoría. Estas organizaciones, por muchos años, han sido factores de desorden en el país y han puesto a múltiples gobiernos en jaque, perjudicando gravemente el progreso.

La llegada del MAS al poder significó para estas organizaciones no solo ingresar al gobierno, sino también obtener un peso importante en las decisiones estatales. Durante décadas, se han beneficiado del poder y han impuesto su ley sobre la ciudadanía, que ha tenido que acatarla por temor a las marchas y a las constantes convulsiones sociales. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Bolivia vive una dictadura sindical, ya que estos grupos han sometido al ciudadano y al Estado a su voluntad, e incluso tienen un poder mayor que el estatal en algunos casos.

Lo más triste es que estas organizaciones deberían, en teoría, fomentar y apoyar a los sectores que representan. Sin embargo, no es así: los únicos que sacan ventaja son los dirigentes y cabecillas, quienes explotan a los afiliados para su beneficio personal. Además, limitan el derecho a trabajar libremente, ya que en innumerables ocasiones, a través de protestas y el caos, impiden que los ciudadanos de a pie puedan progresar.

En sectores como el del minibús, incluso han puesto en jaque a las autoridades municipales y se reparten rutas a su antojo, limitando la competencia. Es tan fuerte esta dictadura sindical, que podemos decir que en Bolivia prácticamente no hay un Estado que garantice seguridad y orden.

Recientemente, estas organizaciones han amenazado al gobierno entrante, exigiendo participar en la gestión gubernamental y advirtiendo que, de no ser así, se harían respetar en las calles. Esto es inaudito, y espero que el presidente electo pueda lidiar con el caos que estos sectores han provocado durante tanto tiempo, secuestrando la libertad y la seguridad de la ciudadanía.

El país enfrenta múltiples problemas estructurales, y uno de los principales es la falta de orden, que por años ha causado retraso económico e incluso social. Nuestro país se ha convertido en tierra de nadie, donde el Estado solo existe para cobrar impuestos, pero no para proteger al ciudadano ni garantizar su seguridad. Es necesario que el Estado se haga sentir de una vez por todas, recupere las calles, combata el caos y devuelva la paz a la ciudadanía que solo busca progresar, pero que, al verse en situaciones anárquicas, no puede hacerlo.

Basta de que estas organizaciones sometan a la población y a sus propios afiliados, que son los más perjudicados y utilizados mediante el miedo y la represión. La dictadura sindical ha llegado demasiado lejos y solo beneficia a unos pocos dirigentes que, a costa del sufrimiento del pueblo boliviano, se han beneficiado.

Bolivia necesita orden, es urgente que el Estado acabe con la dictadura sindical y el caos; de lo contrario, jamás podremos progresar. De igual forma, se debe combatir al crimen, que cada día crece y termina aterrorizando al ciudadano y debilitando al Estado. La nueva Bolivia debe ser un país donde prime el orden, la paz, la seguridad y la calma, y donde los bolivianos puedan trabajar tranquilos, sin miedo al caos y al delito. Una vez que tengamos orden, estoy seguro de que progresaremos en todos los ámbitos. Es fundamental que la ciudadanía pueda vivir en paz y seguridad.

  • FABIÁN FREIRE
  • Escritor. Estudiante de Ciencias Jurídicas. Columnista en El Diario.
  • *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21