Los bloqueos instalados por los grupos afines a Evo Morales, los anuncios de cerco a las ciudades y las amenazas anónimas apuntan a desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce e impedir las elecciones generales del 17 de agosto, denunció este jueves la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“Este tipo de situaciones no se había visto desde la recuperación de la democracia y tiene un común denominador; primero, el enfrentamiento entre bolivianos; segundo, buscar la renuncia del presidente (Luis Arce), del Gobierno nacional; tercero, evitar las elecciones generales de este 17 de agosto; y, cuarto, imponer una candidatura inconstitucional”, señaló en contacto con la prensa.
Alcón aseguró que el Gobierno presentará la denuncia por siete delitos penales contra el dirigente cocalero y brindarán las garantías a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar las elecciones generales del 17 de agosto.
Esta semana se iniciaron los bloqueos instalados por los grupos afines a Morales en demanda de forzar la candidatura del dirigente cocalero, a pesar de estar inhabilitado por la Constitución Política de Estado.
Asimismo, se conoció el audio de una llamada telefónica donde Morales instruye un cerco a las ciudades, que fue develado por un dirigente evista, y difundido en los medios de comunicación.
A ello se suma un video anónimo que circuló en redes sociales, en el que un “encapuchado” amenaza que no habrá elecciones en el país si Evo Morales no participa. La advertencia fue dirigida a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el presidente Arce.
En ese marco, se conocen denuncias de los propios comunarios que participan en los bloqueos, sobre todo en el Chapare y algunas regiones de Potosí, de que son obligados a salir a las carreteras bajo amenazas de multas e incluso toma de sus terrenos.
El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, advirtió que se investigarán esas denuncias y de ser necesario se verificará si las tierras de los dirigentes que obligan a bloquear, con amenazas y extorsión, cumplen la Función Económica Social (FES) y, en caso de que ello no sea así, las mismas volverán a manos del Estado.
Según los reportes oficiales, son más de 40 puntos de bloqueo instalados en carreteras del territorio nacional y más de 30 personas heridas, entre ellas 21 efectivos policiales lesionados por dinamita en los puntos de conflicto.
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