Arpita, la comunidad que vive en vigilia contra los avasalladores

Más de un centenar de familias de la comunidad de Arpita, en Arbieto, viven en constante vigilia para proteger 126 hectáreas de tierras de pastoreo que están en la mira de los avasalladores.

Aunque el 16 de febrero el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ingresó a la zona para una inspección de campo, los pobladores temen que el trámite de saneamiento siga postergado, mientras los loteadores continúan iniciando procesos penales contra sus dirigentes.

“Pedimos que el INRA apresure el proceso de saneamiento de nuestras tierras y actúe de manera correcta. No queremos que saque resoluciones en favor de loteadores, estás áreas tienen antecedentes agrarios, incluso antes de la reforma y han sido trabajadas por nuestros abuelos desde 1975”, indicó un poblador, Gonzalo.

Aunque los exdirigentes y comunarios son considerados los “guardianes” del bosque de algarrobos, tunas y vegetación nativa, en 2015 un grupo de loteadores los denunció por avasallamiento para amedrentarlos.

Sin embargo, la unidad de la comunidad impidió hace dos años que un grupo de avasalladores se asiente en el área colectiva, de acuerdo al testimonio de varios vecinos.

“Les han iniciado hasta siete procesos a nuestros dirigentes, han entrado a desmontar y construir. Toda la comunidad nos hemos levantado y les hemos sacado”, relató una comunaria de la zona de Arpita, en el valle alto.

Un exdirigente pidió que se haga una auditoría a los procesos penales presentados en contra de representantes y habitantes de la comunidad porque se presentaron “sin pruebas”.

“El fiscal que llevaba el caso actuó de mala fe, no ha tomado en cuenta nuestros descargos ni las declaraciones de nuestros testigos. Hemos intentado denunciar las irregularidades a la Fiscalía Departamental, pero no podemos formalizar, porque desde el 28 de enero no nos entregan el acta de las medidas cautelares”, afirmó.

El presidente del Concejo Municipal de Arbieto, Arturo Vargas, explicó que los loteadores incluso amenazan con demandar a los legisladores por fiscalizar el trámite de una urbanización que se solicitó en los predios colectivos.

//FUENTE: LOS TIEMPOS//