La expresidenta Jeanine Áñez respondió a las «preocupaciones» expresadas este viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur (ONU DDHH), sobre el «riesgo» de dejar los casos de Senkata y Sacaba «en impunidad».
La expresidenta constitucional, que todavía espera una resolución a la revisión de sentencia que interpuso su defensa para salir en libertad, les recordó a ambos organismos internacionales que ella fue vulnerada en sus derechos humanos al ser aprehendida y detenida en cárceles de La Paz desde marzo de 2021, sin respetar el debido proceso y el juicio de responsabilidades que le correspondía como exdignataria de Estado.
«No deben desentenderse de la situación de los derechos humanos de TODOS los bolivianos víctimas del régimen del MAS ni olvidar que ambos organismos internacionales, desde mi secuestro y abusivo e ilegal encarcelamiento el 13 de marzo de 2021, que precisamente el gobierno es el que ha quebrantado las garantías del debido proceso con tal de privar de libertad a una ex Presidente, negándole sus derechos», escribió su entorno en redes sociales.
Áñez pide una investigación imparcial, con jueces y fiscales que no respondan a presiones políticas, como sucedió durante todo el mandato de Luis Arce y sus ministros de Justicia, Iván Lima y César Siles, así como a la actual funcionaria Jessica Saravia.
«Les recuerdo, al igual que a la actual Ministra de Justicia, que el Relator especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García-Sayán, fue contundente al alertar sobre su preocupación por negarme el derecho a juicio de responsabilidades, por instrucciones políticas de Evo Morales», agregó Áñez.
La CIDH y la ONU DDHH expresaron su preocupación por las decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y el Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos judiciales contra policías y militares implicados en los hechos ocurridos en 2019.
“Es vital que estas víctimas tengan acceso a una justicia oportuna, recordando siempre que hay familias que no volverán a ver a sus seres queridos; de lo contrario, esto marcaría un nefasto precedente en nuestra historia boliviana”, advirtieron.
Esta preocupación se intensificó tras la reciente ratificación, el 9 de septiembre de 2025, por parte de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, de la resolución que anuló el proceso en el caso de Senkata.
El comunicado conjunto señala que estas anulaciones representan un retroceso en la búsqueda de una justicia pronta y adecuada, comprometiendo el cumplimiento estatal de sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, y generando una revictimización.
Por su lado, la ministra de Justicia, dijo que «es una obligación cumplir estas recomendaciones para evitar la impunidad y la revictimización, asegurando que las víctimas de Senkata y Sacaba reciban justicia y reparación».
