Ante recientes anuncios de un diputado de la alianza Libre sobre activar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por el caso del hotel Las Américas, el abogado Gelafio Santiesteban, advirtió que esa acción puede brindar de impunidad al expresidente en las detenciones arbitrarias y la ejecución sumaria de ciudadanos en 2009.
Santiesteban, en calidad de víctima de la persecución judicial durante el régimen de Morales, explicó que llevar al expresidente a un caso de corte en la Asamblea Legislativa, significaría un retroceso en las acciones legales que durante 15 se realizaron dentro y fuera del país para denunciar el caso, que ya llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
«Sería no solamente un despropósito sino también un retroceso y hasta un perjuicio, ya que si simplemente si analizamos la configuración de la nueva asamblea o parlamento, nos vamos a dar cuenta de que Evo Morales todavía tiene una presencia importante con representantes en ella. No vaya a ser que lo único que consigamos ahí sea la impunidad de Evo Morales, ya que existe un principio básico jurídico que es el non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho», expuso.
Las denuncias contra el expresidente ya fueron admitidas tanto en la CIDH como en la Corte-IDH y el caso tendría que pasar dentro de poco a resolución en la Corte de La Haya, así como de conocimiento de Naciones Unidas.
Santiesteban recordó que por el también conocido caso terrorismo, hubo tres personas muertas por agentes de la Policía, con la venia del gobierno del MAS, el 16 de abril de 2009. Eduardo Rózsa-Flores, ciudadano húngaro-boliviano; Michael Dwyer, irlandés; y Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, fueron muertos en lo que hoy apunta a una ejecución sumaria y no producto de un «enfrentamiento», como trató de mostrar el MAS.
Para el abogado, los anuncios mediáticos del diputado Rafael López son contraproducentes. Por ello, le sugirió contactarse con las víctimas de la represión del MAS para ayudar a encaminar los procesos internacionales que ya están en curso.
Tras el operativo en el hotel Las Américas se detuvo al ciudadano croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, además de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
Posteriormente, el régimen del MAS y su entonces fiscal asignado Marcelo Sosa, incriminaron a al menos 39 personas, la mayoría representantes cívicos y empresariales de Santa Cruz, para luego extorsionarlos o detenerlos en distintas cárceles del país.
Tadic y otros afectados activaron las denuncias internacionales contra el Estado plurinacional de Bolivia y el informe Nº394/21 de la CIDH concluyó en que existe responsabilidad por «violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial».
Asimismo, el caso N°13.546 en la Corte-IDH espera el inicio de la fase contenciosa, mientras la madre del irlandés abatido aquella fecha denunció delitos de lesa humanidad cometidos por el entonces gobierno en Bolivia.
Si bien los casos en la CIDH y Corte-IDH se activaron contra el Estado, de forma directa se pueden establecer responsabilidades de los hechos en Morales, su exvicepresidente Álvaro García Linera, el excomandante de la Policía, Víctor Hugo Escobar, los 21 miembros de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (UTARC) comandados por el exgeneral Jorge Santiesteban, la exjueza Betty Yañiquez, exfiscal Marcelo Sosa, el entonces jefe policial Jhonny Aguilera, que estaba a cargo de las investigaciones y otros miembros del Ministerio de Gobierno del MAS.
