El Estado no es un botín: la función pública no puede convertirse en recompensa política

«La Administración no puede ser concebida como una extensión de las estructuras partidarias»

“El Estado no pertenece a quienes ganan una elección. Pertenece a todos los bolivianos. Y sus instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de quienes buscan convertirlas en espacios de negociación política.”

La reciente controversia por los audios atribuidos a legisladores del oficialismo y difundidos en relación con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) ha vuelto a colocar sobre la mesa una discusión que Bolivia no ha logrado resolver: la utilización de los cargos públicos como espacios de negociación política.

Más allá de las personas involucradas y de las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse, el episodio plantea una cuestión de fondo sobre la naturaleza de la función pública. ¿Los cargos dentro del Estado deben responder a criterios de capacidad e idoneidad o pueden convertirse en espacios de recompensa para quienes participaron en una campaña electoral?

La pregunta merece una respuesta desde el derecho y no desde la conveniencia partidaria.

Los acontecimientos conocidos entre el 16 y el 19 de noviembre muestran conversaciones atribuidas a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli con la entonces directora de la AISEM, Daniela Quiroga, relacionadas con la incorporación de personas recomendadas para trabajar en esa institución. Mientras las grabaciones generaron cuestionamientos públicos, los legisladores involucrados sostuvieron que los audios fueron editados o difundidos fuera de contexto. Posteriormente, la exdirectora anunció acciones legales y se presentó una denuncia penal contra Bilbao por presunto uso indebido de influencias.

Estos antecedentes deben ser investigados por las instancias competentes, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. No corresponde anticipar responsabilidades penales ni convertir una controversia política en una sentencia pública. Sin embargo, tampoco sería correcto ignorar el problema institucional que ha quedado expuesto.

La Constitución Política del Estado establece, en su artículo 232, que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, honestidad y responsabilidad. No son principios ornamentales ni declaraciones destinadas únicamente a los documentos institucionales. Constituyen parámetros obligatorios para el ejercicio de la función pública.

A ello se suma el artículo 235, que establece las obligaciones de quienes desempeñan funciones públicas, entre ellas cumplir la Constitución y las leyes, actuar conforme a los principios de la función pública y rendir cuentas por sus responsabilidades.

En consecuencia, la Administración no puede ser concebida como una extensión de las estructuras partidarias ni como un mecanismo para distribuir beneficios entre quienes participaron en una contienda electoral.

La Ley N.º 2027, Estatuto del Funcionario Público, refuerza esta orientación. Su artículo 1 reconoce expresamente el servicio a los intereses de la colectividad y no de una parcialidad o partido político, así como el mérito, la capacidad y la idoneidad funcionaria. Sus disposiciones sobre reclutamiento y selección también establecen criterios de mérito, competencia, transparencia e igualdad de oportunidades para los funcionarios de carrera.

Es necesario hacer una precisión: el ordenamiento jurídico reconoce distintas categorías de servidores públicos, incluidos funcionarios electos, designados y de libre nombramiento, que no se encuentran sometidos al mismo régimen de carrera administrativa. Sin embargo, esa distinción no significa que la Administración pueda actuar arbitrariamente ni que los nombramientos estén exentos de legalidad, competencia y responsabilidad.

La discrecionalidad administrativa no equivale a arbitrariedad. Una autoridad puede contar con atribuciones para designar personal de confianza, pero ello no convierte esas facultades en instrumentos para satisfacer intereses particulares o compromisos ajenos a la finalidad institucional.

Otro aspecto que merece atención es el papel de la Asamblea Legislativa. La fiscalización constituye una atribución constitucional indispensable para el control del poder público. Las peticiones de informe escrito y oral son instrumentos legítimos que permiten conocer, investigar y exigir explicaciones sobre la gestión estatal.

No obstante, existe una diferencia fundamental entre fiscalizar una institución y utilizar los mecanismos de fiscalización como medio de presión para obtener decisiones administrativas favorables a determinadas personas.

El artículo 151 de la Constitución protege las actuaciones de legislación, información y fiscalización de los asambleístas. Precisamente por la importancia de esa garantía, su ejercicio debe responder a su finalidad constitucional: controlar el poder, no sustituir a las autoridades administrativas ni intervenir indebidamente en sus competencias.

Un legislador puede recomendar que se investigue una irregularidad, solicitar información sobre una contratación o cuestionar la falta de transparencia de una institución. Lo que no debería normalizarse es que la permanencia de una autoridad administrativa parezca condicionada a aceptar recomendaciones de contratación provenientes de actores políticos.

El problema tampoco se limita a una institución. La AISEM fue creada para ejecutar programas y proyectos de infraestructura y equipamiento médico. Su trabajo está vinculado con hospitales, equipos especializados y recursos públicos destinados a mejorar los servicios de salud. Por ello, la selección de su personal técnico y administrativo no es un asunto secundario: puede repercutir en la calidad de la gestión y en la capacidad del Estado para cumplir sus responsabilidades.

Cuando una entidad pública pierde la posibilidad de seleccionar a sus funcionarios de acuerdo con las necesidades institucionales, el costo no lo asume únicamente la administración de turno. Lo termina asumiendo la ciudadanía.

Por esa razón, la controversia debería conducir a una revisión más amplia de los mecanismos de selección y designación en las entidades descentralizadas. Es necesario transparentar los perfiles requeridos, documentar los criterios de selección, identificar las autoridades responsables de cada nombramiento y fortalecer los mecanismos de control interno. Asimismo, las unidades de transparencia y las instancias de fiscalización deben actuar con independencia, sin convertirse en instrumentos de protección o persecución política.

También corresponde recordar que la responsabilidad política no sustituye a la responsabilidad jurídica. Si existen indicios de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, deben investigarse con objetividad, independientemente de la pertenencia partidaria de las personas involucradas. La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando se aplica selectivamente o cuando se utiliza para proteger a unos y perseguir a otros.

Bolivia necesita una Administración Pública profesional, capaz de dar continuidad a las políticas públicas y de responder a las necesidades de la población, independientemente de los cambios de gobierno. Cada nueva gestión tiene el derecho de establecer sus prioridades y designar a las autoridades que la normativa le permita, pero no puede confundir esa facultad con la apropiación política de las instituciones.

La democracia no termina con la distribución de espacios de representación después de una elección. También exige que las instituciones funcionen bajo reglas, competencias y responsabilidades previamente establecidas.

El servicio público no es una recompensa por haber hecho campaña, una cuota partidaria ni un favor que se concede a los allegados. Es una responsabilidad frente a la sociedad y una obligación sometida a la Constitución.

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