El viceministro de Transparencia, Yamil García, presentó una denuncia penal contra cuatro funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) por presuntas irregularidades en el manejo de Bs 95.872.591 durante 2023.
Los recursos fueron distribuidos mediante cinco cheques bajo la modalidad de “fondos en avance”, un mecanismo que, según las investigaciones, habría sido utilizado para eludir los procedimientos regulares de contratación pública.
“Lo que hizo la Caja Nacional de Salud fue sacar más de 95 millones de bolivianos en la modalidad de fondos en avance y entregarlos en cheques a funcionarios. Y resulta que, por ejemplo, sólo el señor Constantino Carlos Colque Huarachi recibe dos cheques por unos 42 millones de bolivianos”, informó el viceministro.
De acuerdo con la investigación, la CNS recurrió a la resolución de directorio 044-2023 para justificar la disposición de los recursos bajo el argumento de una emergencia. Sin embargo, los informes de la Contraloría General del Estado y de Auditoría Interna no identificaron una situación de emergencia que respaldara la entrega de semejante cantidad de dinero mediante cinco cheques.
García cuestionó que las operaciones no siguieran los procedimientos establecidos y que tampoco existiera una verificación física de los medicamentos e insumos que supuestamente fueron adquiridos.
“En este caso lo que estamos denunciando es que se han apartado totalmente de este procedimiento y se lo ha dejado de forma discrecional, de tal manera que evidentemente existe una compra aparente, pero no existe la verificación física de que efectivamente se hayan adquirido esos medicamentos y esos insumos, lo cual nos lleva a presumir que se habrían generado montajes de procedimientos de contratación para beneficiarse económicamente”, lamentó.
El informe de la Contraloría General del Estado CGE-GPA-INF N° 111-2026 identificó irregularidades en estas operaciones. El viceministro explicó que las contrataciones públicas superiores al millón de bolivianos deben cumplir los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181, que contemplan convocatoria pública, presentación y evaluación de propuestas y la intervención de una comisión de calificación. En cambio, los fondos en avance están destinados a gastos menores, urgentes y extraordinarios que no pueden esperar un proceso regular de contratación.
La denuncia penal fue formalizada en coordinación con la dirección de la CNS y comprende a cuatro personas vinculadas con las decisiones y la recepción de los recursos. Además, el Viceministerio solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) rastrear el movimiento de los Bs 95,8 millones para establecer su destino y determinar si parte del dinero terminó en manos de directivos, funcionarios u otras personas beneficiadas por las operaciones observadas.
//FUENTE: ANF//
