Por: Carlos Quisbert
La Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia envió una carta al presidente electo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, para denunciar y exigir la destitución del recién designado vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Orlando Rojas, por presuntos nexos con la “organización criminal de Sebastián Marset y Roger Mariaca”.
En la carta a la que accedió este medio, firmada por la presidenta de las mujeres Interculturales, Jhanet Pizarro Choquechambi, con fecha del 30 de octubre, se afirma: “Estos vínculos existentes entre Orlando Rojas y el entorno de Sebastián Marset se tornaron escándalos públicos, como cuando el doctor (Martín) Irusta trasladó dinero de Marset desde Santa Cruz hasta La Paz, para pagar a diferentes diputados en coordinación del abogado”.
La referencia alude a la elección de fiscal general en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la gestión 2024.
En contacto con este medio, el dirigente de los Interculturales del municipio de Palos Blancos, del departamento de La Paz, Boris Machaca, expresó su respaldo a la denuncia de Pizarro. Señaló que es necesaria una investigación contra el vocal del TDJ de La Paz.
“Respaldamos la denuncia de las hermanas, Orlando Rojas era un hombre de confianza del exfiscal Martín Irusta, por lo que nosotros pedimos al presidente del Tribunal Supremo que se investigue de forma transparente e imparcial, para que este señor aclare cuáles son los vínculos que tenía con el entorno del narcotraficante Marset”, afirmó Machaca.
VOCAL ROJAS
“Estoy en audiencia”, fue la respuesta del vocal ante los mensajes y la llamada que le hizo este medio informativo para conocer su postura sobre las graves acusaciones en su contra. Para que el vocal tenga una correcta valoración del tema, se le adjuntó la carta publicada por la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, pero no hubo otra respuesta hasta el cierre de esta nota y se conoce que los vocales del TDJ de La Paz estarán reunidos en Sala Plena, este martes.
COMPRA DE VOTOS
En pasados días, la exdiputada por Tarija, Luciana Campero, afirmó que en 2024 algunos operadores políticos ofrecieron «grandes sumas de dinero» para votar en favor de Mariaca, quien finalmente resultó elegido por 115 votos, de un total de 165 legisladores.
En una columna de opinión denominada: “MariacaZO: cómo se compró al fiscal general de Bolivia”, publicada el 14 de octubre, Campero relató una serie de incidentes relacionados a la elección de Fiscal General del Estado.
“En los pasillos del Parlamento ya se hablaba de pagos a cambio de votos para Mariaca. Su trayectoria como fiscal departamental (del departamento de Santa Cruz) y su inacción frente al narcotráfico en su región, sostengo, permitían entender que solo el dinero explicaba su candidatura. Su nombre llegaba con fuerza y con billetes verdes”, escribió la exdiputada, quien afirmó que por el momento guardaría en reserva los nombres de los operadores políticos.
INTERCULTURALES
El texto de la nota de las Mujeres Interculturales cuestiona la designación del vocal del TDJ de La Paz, luego de que éste anteriormente renunció al cargo para candidatear en las Elecciones Judiciales de 2024.
Asimismo, la nota sostiene que el vocal tendría vínculos con otros involucrados, para proteger al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al exfiscal superior, Martín Irusta, ambos detenidos en distintas cárceles por la presunta protección a la organización criminal del narco uruguayo.
Marset fue capturado el 13 de marzo y antes de ser extraditado a Estados Unidos, policías de Inteligencia grabaron el momento en que el uruguayo se refiere a Mariaca como un “amigo” y afirma que éste le “avisaba” de ciertas actuaciones de los funcionarios en su contra.
La dirigente de las Interculturales sostiene en su carta que Irusta manifestó que “en unas semanas se le otorgaría libertad, porque su cumpa será designado vocal”.
En otra parte del texto se menciona que, antes de ser designado como fiscal superior por Mariaca, Irusta firmó una acción de cumplimiento interpuesta por Rojas, aunque no se detalla la fecha, “para que este sea elegido mediante resolución emitida por el exvocal (del TDJ) Israel Campero, persona cuya visa fue revocada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por estar involucrado en casos de narcotráfico en el denominado caso Marset”.
Por último, las Interculturales también vinculan al señalado vocal en el denominado caso Consorcio, en el que se acusó al exministro de Justicia, César Siles, la exvocal Claudia Castro y otros altos funcionarios del Órgano Judicial, por tratar forzar la destitución de la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira.
