En un solo día, la Cámara de Diputados adjudicó dos contratos para la adquisición de 119 sillones semi ejecutivos y ejecutivos por un total de 390.700 bolivianos, destinados a las áreas administrativa y legislativa. La diputada Sandra Rivero denunció que en uno de los procesos existiría un sobreprecio.
En declaraciones a la ANF, la legisladora afirmó que encontró irregularidades en la adquisición de un primer lote de 69 sillones por más de 190.000 bolivianos, debido a que los bienes no cumplirían con las características técnicas solicitadas y, aparentemente, tendría un sobreprecio del 200%.
“El señor Alberto Ruiz, representante de la DAF (Dirección Administrativa Financiera), autorizó la compra irregular de 69 sillones con un monto de más de 190.000. Los sillones no tienen el estándar requerido y existe un sobreprecio de más del 200 por ciento, porque, según la orden de compra, cada sillón tiene un costo de 2.800 bolivianos, pero el bien no cuesta más de 800 bolivianos”, afirmó la parlamentaria.
Esta no es la única denuncia contra la administración de la Cámara de Diputados. La legisladora presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Alejandro Quiroga Montoya, asesor legal del presidente de esa instancia legislativa, Roberto Castro, por ejercer la profesión de la abogacía con un título falsificado.
LOS CONTRATOS
Este medio revisó los contratos de adquisición de los sillones publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Se evidenció que el 16 de septiembre del año en curso se suscribieron dos contratos con la empresa unipersonal Ideas, Inmobiliaria Integral, de Miguel Escobar Guerra.
El primero corresponde a la “Adquisición de 69 sillones semi ejecutivos para el área administrativa y otros de la Cámara de Diputados, gestión 2026”. Cada unidad tenía un costo de 2.800 bolivianos, lo que representaba un monto total de 193.200 bolivianos.
De acuerdo con los documentos, las empresas Ideas y Ramcall SRL presentaron sus propuestas de manera virtual el 7 de septiembre. Un día después, la comisión de calificación evaluó las ofertas y recomendó adjudicar el contrato a la primera empresa, debido a que la segunda presentó una propuesta económica más elevada, que alcanzó los 195.891 bolivianos.
El 9 de septiembre, el responsable del proceso de contratación, Alberto Ruiz, autorizó la compra y emitió la orden de adjudicación. Finalmente, el contrato entre Ideas y la Cámara de Diputados fue suscrito el 16 de septiembre.
La diputada Rivero observó ese proceso e incluso denunció que funcionarios de esa institución intentaron modificar los sillones para adecuarlos a las características establecidas en el contrato.
SEGUNDO CONTRATO
El segundo proceso correspondió a la adquisición de 50 ‘sillones ejecutivos para el área legislativa y otras dependencias de la Cámara de Diputados’. La convocatoria también fue publicada el 7 de septiembre y contemplaba un precio unitario de 3.950 bolivianos, con un monto total de 197.500 bolivianos.
Las empresas proponentes fueron las mismas: Ramcall SRL e Ideas. La presentación y evaluación de las ofertas se desarrollaron de manera paralela al primer proceso. Finalmente, el contrato también fue suscrito el 16 de septiembre.
Sin embargo, el 2 de octubre, el responsable del proceso de contratación remitió una nota a la empresa Ideas para comunicarle que se dejaba sin efecto la adquisición, debido a que no cumplió el plazo de 15 días establecido para la entrega del lote.
Rivero indicó que en los próximos días presentará una denuncia contra el responsable del proceso de contratación, Alberto Ruiz, debido a las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de bienes en esa instancia legislativa.
Asimismo, no descartó ampliar la demanda contra el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.
El presidente de la Cámara Baja defendió su gestión y aseguró que la administración es transparente. En relación a la denuncia, Castro dijo que si hay denuncias de irregularidades, debe presentarse el caso ante las autoridades competentes.
//FUENTE: ANF//
