Vecinos de la ciudad de El Alto denunciaron que la Empresa Social Pública de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.) condicionó el inicio de proyectos de alcantarillado y dotación de agua a cambio de que ayuden a desbloquear las calles. El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Gonzalo Limachi, criticó la “politización de los servicios básicos”.
En contacto con este medio, Limachi, exrepresentante del Distrito 14, afirmó que vecinos y dirigentes del Distrito 7 le expresaron sus dudas y malestar sobre el tema, luego de que se conoció un video en el que se recrimina a un dirigente, por no cumplir con el desbloqueo de calles durante los 53 días que la urbe alteña fue cercada por grupos afines a Evo Morales.
Asimismo, criticaron que el condicionamiento quedó redactado en el acta de una reunión del 12 de mayo, firmada por el gerente interventor de Epsas, Edgar Landivar, quien estuvo acompañado de los técnicos de la empresa; el representante del Distrito 7, Luis Castaya y otros 22 dirigentes vecinales de El Alto que avalaron el acuerdo.
Desbloqueo
La reunión, en esa fecha, se dio para presentar el proyecto de ampliación de alcantarillado sanitario para el Sector Noreste II – El Alto, que debe beneficiar a 30 zonas de los distritos 7, 9, 11, 13 y Cúcuta, obras postergadas por varios años y que demandan una inversión de Bs 40 millones. Asimismo, se menciona la instalación de tres piletas públicas.
“En contraparte los ejecutivos y presidentes de zonas del Distrito 7 de El Alto realizarán trabajo vecinal y concientización para el desbloqueo de manera masiva”, señala la parte del tercer párrafo del acta.
En las últimas líneas se remarca: “El compromiso podrá disolverse en caso de no existir el desbloqueo, debido a la necesidad de transpirabilidad que existe para el tema de salud pública”.
Por otro lado, en un video difundido en redes sociales, que según Landivar corresponde a una de las varias reuniones que tuvo con los dirigentes, en julio, aproximadamente, se tiene registrado una serie de reclamos y cuestionamientos en los que se enfrascan el interventor y Castaya.
Mientras el dirigente vecinal reclama que se firmen documentos con los cuales pueda presentar descargos ante sus bases, Landivar le expresa su molestia por las declaraciones que realizó y con las que empañó la imagen del Gobierno y le remarca que “no cumplió” con lo firmado en el acuerdo, el desbloqueo.
En el video, el interventor de Epsas también llama la atención al dirigente porque ante los vecinos, presuntamente, se atribuye la realización del proyecto, pero además le menciona que los vecinos le hicieron llegar denuncias en su contra, las cuales no le corresponde indagar, pero que por ese motivo prefiere mantener contacto con los directos beneficiarios.
Contraparte
El exdirigente de la Fejuve, aseveró que los vecinos buscan iniciar procesos contra el interventor y los malos dirigentes que “negocian” e incurren en la “politización de los servicios básicos y las necesidades de la población alteña, por eso es nuestra molestia. Además, lastimosamente, en ningún gobierno se ha cumplido con los proyectos que requiere la gente, siempre hemos tenido que salir a las calles”, afirmó Limachi.
Por su lado, Landivar, en contacto con este medio, manifestó que los denunciantes deberían identificarse y que no pretende ingresar en acusaciones verbales. El interventor, considera que la difusión de solo una parte del video y el acta de reunión, tiene que ver con una pugna interna entre dirigentes del Distrito 7.
Negó que se haya condicionado la entrega de proyectos a desbloqueos, aseveró que la implementación de las obras está en proceso y calificó de sesgada la información que manejan quienes lo denuncian a través de Limachi.
Por su parte, Castaya no negó el condicionamiento político, afirmó que lo registrado en el video no se trató de una discusión sino de un reclamo legítimo hacia el interventor de Epsas, para que cumplan con un compromiso. “Ellos, como funcionarios de Epsas, no son propietarios de los recursos del Estado, están para cumplir con las demandas del pueblo, por el momento están cumpliendo”, aseguró el dirigente.
Calificó como un acto de desinformación el aseverar que los proyectos de Epsas se dieron a condición del desbloqueo, pese a lo descrito en el documento. En ese sentido, respondió, sin dar nombres, que quien redactó el acuerdo es el responsable de la supuesta “desinformación”.
Normativa
Consultado sobre el tema, el consultor y experto en agua y servicios básicos, José María Herbas, en Bolivia, “ningún servidor público o interventor está facultado para condicionar la entrega de un servicio básico esencial (como el agua potable o el alcantarillado) a la participación o colaboración en acciones de presión social, como el desbloqueo de vías”.
Explicó que, en su criterio, el acta de reunión de Epsas incluye una cláusula explícita que constituye “un acto ilegal, arbitrario y un abuso manifiesto de poder”. Citó el marco capítulo I del Marco Normativo General y Prohibición Legal de la Constitución Política del Estado (CPE), que establecen que el acceso al agua potable y saneamiento básico es un derecho humano fundamental, garantizado por el Estado. El servicio básico no puede ser suspendido ni condicionado arbitrariamente bajo ningún pretexto político o social”.
Asimismo, mencionó que el de acuerdo a la Ley 1178, de la Ley de Servicios Públicos, el rol del interventor, designado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanearmiento Básico (AAPS), “es para administrar y garantizar la continuidad técnica del servicio público, no para ejercer coerción política ni supeditar la inversión estatal a exigencias coercitivas hacia la ciudadanía”.
Herbas advirtió que, si los vecinos deciden presentar denuncias, estas podrían ser por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y coacción. Además, las mismas se tratarían en procesos de la vía administrativa en la AAPS.
