Estados Unidos mantuvo a Bolivia entre los países que, según su evaluación, “fallaron demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico. La medición abarca los últimos 12 meses y, por tanto, comprende el cierre del gobierno de Luis Arce y los primeros meses de la administración de Rodrigo Paz.
La determinación estadounidense introduce, sin embargo, una diferenciación entre ambas gestiones. Al referirse específicamente a Bolivia, señala que el nuevo Gobierno “no ha tenido todavía suficiente tiempo” para reducir los cultivos de coca que, según Washington, aumentaron durante la administración anterior. También advierte que la corrupción continúa facilitando el narcotráfico y dificultando las investigaciones, una valoración atribuida al Gobierno estadounidense.
Ese señalamiento coincide temporalmente con los últimos datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El monitoreo correspondiente a 2025 estableció que Bolivia alcanzó 36.400 hectáreas de coca, frente a las 34.000 registradas en 2024, un incremento del 7%. La mayor parte de esa gestión transcurrió todavía bajo la administración de Arce.
El crecimiento se concentró especialmente en el Trópico de Cochabamba, donde los cultivos pasaron de 14.275 a 17.471 hectáreas, un salto del 22%. En contraste, Los Yungas de La Paz redujeron su superficie en 4%, de 19.230 a 18.430 hectáreas. En todo el país existen 14.400 hectáreas por encima de las 22.000 autorizadas por la Ley 906.
EEUU reconoce cambios con Paz
La evaluación también destaca señales de acercamiento con la actual administración. Estados Unidos afirma que la cooperación bilateral contra el narcotráfico “se ha ampliado significativamente” y valora la reanudación de la coordinación entre organismos de ambos países para atacar la producción ilícita y las redes criminales.
El documento menciona, además, la extradición de Sebastián Marset a Estados Unidos en marzo de 2026 como una muestra de esa cooperación.
Washington deja abierta la posibilidad de revisar la calificación boliviana el próximo año si el país demuestra avances en la reducción de la producción ilícita de drogas y en el combate a la corrupción.
La decisión tampoco supone un corte automático de la asistencia estadounidense. La misma determinación establece que mantener ayuda para Bolivia es actualmente “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”, por lo que aplica una excepción pese a mantener la calificación negativa.
//FUENTE: EL DEBER//
