El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana planteó una intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas durante seis meses, con posibilidad de ampliar el operativo por otros 12 meses.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió al Gobierno nacional la creación de un comando conjunto de Policía y Fuerzas Armadas con base principal en San Ignacio de Velasco.
«La seguridad ciudadana contribuye a una responsabilidad fundamental del Estado y una competencia concurrente que exige la coordinación efectiva entre todos los niveles del gobierno. Los recientes asesinatos, hechos de sicariato y violencia armada registrados en Santa Cruz, particularmente en los municipios fronterizos y San Ignacio de Velasco, constituyen una seria amenaza para la seguridad del Estado, la tranquilidad y la vida de la población», señaló Velasco.
Las conclusiones plantean la adopción de medidas para fortalecer la prevención, inteligencia, investigación criminal y control territorial.
«La gravedad y reiteración de estos hechos evidencian la necesidad de adoptar medidas inmediatas, extraordinarias y sostenidas fortaleciendo la prevención, inteligencia e investigación criminal, control territorial y prevención efectiva del Estado. Que los resultados alcanzados de la lucha contra el crimen organizado no han sido efectivos en consecuencia y se requiere una revisión de las estrategias de seguridad ciudadana», añadió.
Estas son las determinaciones:
Declarar prioridad departamental la lucha contra el sicariato y el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y la violencia armada.
Exigir al Gobierno nacional una intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Crear un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado, con base principal en San Ignacio de Velasco, que opere inicialmente durante seis meses, con posibilidad de ampliación por otros 12 meses.
Priorizar el control de la frontera con Brasil y de zonas identificadas con alta incidencia criminal, entre ellas San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro.
Fortalecer las labores de inteligencia y contrainteligencia para identificar y desarticular estructuras criminales, autores materiales e intelectuales, financiadores y redes vinculadas al sicariato y al crimen organizado.
Agilizar la dotación de equipamiento y logística a la Policía Boliviana, mediante procesos de adquisición y contratación considerados urgentes, de acuerdo con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria.
Garantizar el sostenimiento logístico de las operaciones conjuntas, solicitando a los ministerios de Gobierno y Defensa asegurar de manera permanente combustible, equipamiento y alimentación para policías y militares.
Gestionar ante Dircabi (Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados) el uso temporal de bienes incautados al narcotráfico, como inmuebles y vehículos, para destinarlos exclusivamente a la Policía y a unidades militares.
Solicitar la entrega de armas a la Policía y las Fuerzas Armadas, mediante gestiones ante el Ministerio Público y conforme a la normativa vigente, para reforzar la lucha contra el sicariato, el crimen organizado y la delincuencia.
Promover la regulación e identificación obligatoria de motociclistas, impulsando leyes municipales que establezcan el uso obligatorio de chalecos con el número de placa visible para el conductor y acompañante de motocicletas.
Remitir la resolución a las instituciones competentes, entre ellas los ministerios de Gobierno y Defensa, el Comando Departamental de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, para su conocimiento, coordinación y cumplimiento.
//FUENTE: EL DEBER//
