La abogada Gina Castellanos, representante legal de Mario Cossío Cortés, informó que presentó una querella criminal por los delitos de calumnia y difamación contra el asambleísta Rodrigo Delgado a quien acusa de haber realizado declaraciones denigrantes contra el exgobernador en un acto formal de la Asamblea y posteriormente difundidas en redes sociales.
Castellanos señaló que Cossío considera que fue afectado en su dignidad, honra y buen nombre, derechos que, según explicó, se encuentran protegidos por la normativa. “Él con el derecho que le asiste, ha interpuesto ya, está interpuesta ya la querella criminal en contra de este señor por el delito de calumnia y difamación”, afirmó.
La jurista cuestionó que se haya mencionado a Cossío pese a que actualmente no ejerce funciones públicas, y consideró que la alocución en su contra habría sido innecesaria. Según Castellanos, el nombre del exgobernador fue utilizado en un contexto que calificó como “indebido” e “indecoroso”, afectando su dignidad.
En ese marco, sostuvo que durante el periodo en que Cossío ejerció como autoridad se formularon distintas acusaciones que, de acuerdo con su versión, no llegaron a demostrar las circunstancias que se le atribuían. La abogada vinculó esas acusaciones con una etapa que calificó como de persecución política.
Castellanos también se refirió a las expresiones en las que presuntamente se habría calificado a Cossío como “corrupto”. Explicó que, desde su perspectiva, utilizar ese término implica atribuirle la comisión de un delito, por lo que consideró que se trata de una acusación que deberá ser sustentada.
La representante legal afirmó que Cossío pudo postularse como candidato porque no cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada, y aseguró que esa situación es conocida por la persona contra quien se presentó la querella.
Respecto al refugio político de Cossío en Paraguay, Castellanos rechazó que pueda ser descrito como una fuga. Explicó que el refugio político es una figura del derecho internacional y que, en este caso, fue otorgado por el Estado paraguayo después de los procedimientos correspondientes.
“Paraguay le ha otorgado en este caso el refugio político siguiendo una serie de procedimientos del derecho internacional y se le ha otorgado el refugio político porque se ha demostrado en su momento que él era un perseguido político”, manifestó.
La abogada indicó que uno de los objetivos de la querella es que, en caso de establecerse responsabilidad, el denunciado sea sancionado penalmente. Sin embargo, explicó que la normativa también contempla la posibilidad de una retractación realizada bajo determinadas condiciones.
Según Castellanos, al tratarse de delitos de acción penal privada, el proceso es impulsado directamente por la víctima ante las autoridades judiciales y no interviene la Fiscalía. Señaló que la querella fue presentada durante la anterior semana.
La jurista explicó que, como primera actuación, el juez que conozca la causa convocará a una audiencia de conciliación, instancia en la que se podrá plantear una retractación en las condiciones que correspondan. Si no se alcanza un acuerdo, el proceso continuará hacia una audiencia de juicio oral.
“Si no existe esta conciliación, pues se llama una audiencia de juicio oral donde, bueno, obviamente nosotros vamos a demostrar que se ha vertido estas ofensas y de que han mellado la dignidad de la víctima”, sostuvo Castellanos.
Sobre la posibilidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas, la abogada mencionó la denominada excepción de verdad y sostuvo que, según su interpretación, esta posibilidad no correspondería en el caso debido a que Cossío actualmente no es funcionario público.
Como parte de los elementos que anunció para el proceso, Castellanos señaló que presentarán el REJAP, con el objetivo de acreditar que Cossío no registra una sentencia condenatoria ejecutoriada. Asimismo, indicó que cuentan con una certificación del CONARE para respaldar que el exgobernador fue reconocido con refugio político por el Estado paraguayo.
“Nosotros más bien estamos presentando la prueba concreta que es el REJAP, que él no tiene ninguna sentencia condenatoria ejecutoriada”, afirmó la abogada, quien agregó que también deberán demostrar las afirmaciones relacionadas con el supuesto escape del país.
Finalmente, Castellanos señaló que la calumnia contempla una sanción de hasta tres años de privación de libertad, por lo que consideró que las expresiones que puedan afectar la dignidad de una persona no deben ser tomadas a la ligera y deberán ser dilucidadas dentro de las instancias judiciales.
//FUENTE: LA VOZ DE TARIJA//
