El Gobierno reveló este jueves que el Decreto Supremo 5676, que fijó un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes compradores, responde a una condición planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de la negociación de un programa financiero para Bolivia.
“El Decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional, en tanto liberación del precio de los hidrocarburantes”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante un encuentro con alcaldes del país en La Paz, convocado para debatir la propuesta de redistribuir los recursos públicos bajo el criterio 50/50.
La declaración constituye la vinculación más directa realizada hasta ahora por el Ejecutivo entre el decreto y las exigencias del organismo. El FMI informó el 29 de julio que alcanzó con Bolivia un acuerdo técnico para un programa de 36 meses por unos $us 1.900 millones. El entendimiento todavía debe ser aprobado por su Directorio y está condicionado al cumplimiento de “acciones previas”. El programa podría movilizar, además, un paquete superior a $us 5.000 millones.
El comunicado público del Fondo no identifica al DS 5676 ni detalla esas acciones. Sí establece que el programa buscará reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, racionalizar el gasto y eliminar distorsiones. En su evaluación de 2025, el organismo ya había recomendado a Bolivia retirar gradualmente los subsidios a los combustibles. La afirmación de Aramayo sitúa ahora la liberación parcial del precio del diésel dentro de esa hoja de ruta. El FMI también había advertido sobre el déficit fiscal, la caída de las reservas y el costo de los subsidios.
El ministro explicó a los alcaldes que el desembolso no será “una bolsa de recursos” para repartir entre el nivel central y las entidades territoriales. El acuerdo, dijo, sostendrá un programa monetario y fiscal que habilitará otras fuentes de financiamiento provenientes del Banco Mundial, el BID y otros cooperantes.
Aramayo describió la situación del Estado como de “asfixia fiscal”. Aseguró que el Gobierno redujo el Ejecutivo a 12 ministerios y aplicó un congelamiento del 30% a la masa salarial del nivel central. En ese contexto, afirmó que apuesta por el federalismo y por relanzar las autonomías, aunque reconoció que las competencias transferidas no estuvieron acompañadas por recursos suficientes.
Un día antes, Aramayo había cerrado esa posibilidad con una respuesta categórica: “No se abroga”. Dijo que la norma puede reglamentarse, pero no eliminarse. La postura contrastó con la señal del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, quien en Yapacaní anunció una propuesta de modificación o abrogación en 48 horas.
El DS 5676, promulgado el 16 de agosto, aplica el precio de Bs 18 a usuarios directos, clientes directos y grandes consumidores que trasladan el combustible a sus instalaciones. Según el Gobierno, los vehículos que cargan directamente en los surtidores mantienen el precio anterior. Los productores afirman que la medida eleva sus costos, compromete las campañas agrícolas y repercutirá en los alimentos.
En Warnes, sectores productivos de varias regiones exigieron la abrogación. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, anunció que, si el Gobierno no retrocede, pedirán al Comité pro Santa Cruz convocar una Asamblea de la Cruceñidad. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, acudió para proponer una reglamentación, pero no convenció a los productores.
Las protestas incluyen bloqueos en la ruta Santa Cruz–Trinidad, movilizaciones en Guarayos y medidas de productores de quinua de Oruro y Potosí. La admisión de Aramayo cambia así el eje del conflicto: la discusión ya no se limita al precio del diésel, sino que alcanza las condiciones que Bolivia deberá cumplir para acceder al financiamiento del FMI.
//FUENTE: EL DEBER//
