«Quien realmente paga el costo de la inacción estatal es el ciudadano común, el comerciante que no puede abastecer su negocio, el transportista que no encuentra combustible»
Hay momentos en la historia de los países en los que las diferencias ideológicas pasan a un segundo plano y la verdadera discusión gira alrededor de algo mucho más elemental que es la capacidad de quienes gobiernan para ejercer liderazgo frente a una crisis, Bolivia hoy atraviesa uno de esos momentos históricos.
La discusión ya no se limita a modelos económicos, visiones de Estado o proyectos partidarios, más bien la pregunta que hoy se hacen millones de bolivianos es mucho más simple: ¿existe alguien conduciendo realmente el país?
Durante décadas, América Latina ha oscilado entre gobiernos que prometían transformaciones radicales y gobiernos que se presentaban como alternativas moderadas a esos excesos. Sin embargo, una parte importante de esas alternativas terminó cometiendo un error similar el cual es de creer que administrar una crisis equivale a resolverla.
La moderación, entendida como prudencia, equilibrio institucional y respeto a las reglas democráticas, es una virtud política y cuando esa moderación se degenera en indecisión, temor al conflicto o incapacidad para asumir costos políticos, deja de ser una fortaleza y se transforma en una debilidad.
Ese parece ser precisamente el problema que hoy atraviesa Bolivia.
Ya que, mientras el país atraviesa dificultades económicas cada vez más visibles, mientras la población observa con preocupación la escasez de combustibles, la falta de inversión, la pérdida de confianza en las instituciones y el incremento de la conflictividad social, desde el poder se proyecta una imagen de permanente espera.
Estos conflictos políticos no desaparecen cuando se ignoran, tampoco los problemas económicos se corrigen mediante discursos tranquilizadores y la pérdida de confianza en las instituciones no se recupera mediante declaraciones de buena voluntad porque las crisis tienen una característica común: “las crisis crecen cuando quienes deben enfrentarlas deciden postergar las decisiones necesarias.”
Muchos gobiernos llegaron al poder prometiendo estabilidad, sensatez y reconciliación nacional y una vez instalados en el gobierno, confundieron la búsqueda de consensos con la incapacidad de ejercer autoridad. Comenzaron a actuar bajo la premisa de que toda confrontación debía evitarse pidiendo dialogo, incluso cuando aquello implicaba renunciar a funciones esenciales como la seguridad y defensa de nuestro país
Al día de hoy los sectores más radicalizados entendieron rápidamente que podían avanzar sin encontrar resistencia significativa y descubrieron que bastaba elevar la presión, aumentar la conflictividad o desafiar los límites institucionales para obtener concesiones y mayores dadivas por parte del Estado, así es que cuando un gobierno transmite la percepción de que siempre está dispuesto a retroceder para evitar tensiones, quienes buscan imponer sus intereses aprenden rápidamente a explotar esa debilidad.
Estos últimos años se ha consolidado una peligrosa costumbre política, que es la de gobernar reaccionando a los acontecimientos en lugar de anticiparlos y lastimosamente se espera a que el conflicto alcance niveles críticos para recién intervenir. Y es que se espera a que las carreteras estén bloqueadas para convocar reuniones, que el abastecimiento se vea afectado para reconocer la magnitud del problema o que la ciudadanía exprese su malestar para admitir que existe una crisis.
La función principal de una autoridad no es comentar los acontecimientos ni describir las dificultades que atraviesa la sociedad, debe entender que su responsabilidad es actuar antes de que esas dificultades se conviertan en amenazas para la convivencia democrática, la actividad económica y la paz social.
Sin embargo, al día de hoy vemos como buena parte del discurso oficial parece partir de una premisa equivocada: que toda demostración de firmeza es incompatible con los valores democráticos.
La democracia no significa la ausencia de autoridad, tampoco implica tolerar indefinidamente conductas que afectan derechos de terceros. Una democracia saludable requiere instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la libertad de circulación, resguardar la propiedad privada y asegurar que ningún grupo pueda imponerse sobre el resto de la sociedad mediante mecanismos de presión o coerción.
Si el Estado deja de cumplir esas funciones, la consecuencia no es una mayor libertad, lo que surge es incertidumbre y la incertidumbre termina afectando especialmente a quienes tienen menos recursos para protegerse de ella.
Los sectores privilegiados siempre encuentran mecanismos para adaptarse a las crisis, estos pueden trasladar inversiones, cambiar de actividad económica o buscar alternativas fuera del país. Quien realmente paga el costo de la inacción estatal es el ciudadano común, el comerciante que no puede abastecer su negocio, el transportista que no encuentra combustible, el trabajador que pierde ingresos debido a bloqueos o paralizaciones, la familia que observa cómo el costo de vida aumenta mientras las oportunidades disminuyen.
Por eso resulta llamativo que algunos sectores políticos continúen interpretando la situación actual como una simple disputa entre actores partidarios, porque existe un creciente desgaste de la confianza pública en la capacidad del Estado para resolver problemas básicos, porque cuando esa confianza comienza a erosionarse, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de una gestión gubernamental determinada.
Las instituciones funcionan, en gran medida, porque las personas creen en ellas, porque confían en que las reglas serán aplicadas de manera relativamente previsible. Porque asumen que las autoridades actuarán cuando sea necesario y esperan que el poder público ejerza las competencias que le fueron asignadas, lastimosamente cuando esa expectativa desaparece, comienza un proceso de deterioro institucional difícil de revertir.
La ciudadanía deja de esperar soluciones y empieza simplemente a adaptarse a los problemas, la excepción se convierte en normalidad y la crisis deja de ser percibida como una situación temporal y pasa a formar parte de la vida cotidiana, no puede ser que normalicemos este tipo de vida para los bolivianos.
Y es que la normalización del deterioro es uno de los fenómenos más peligrosos que puede experimentar una sociedad, esta ocurre cuando los ciudadanos se acostumbran a la escasez, a la incertidumbre, a la conflictividad permanente y a la incapacidad institucional. Poco a poco dejan de exigir soluciones porque asumen que ninguna llegará.
Si vemos experiencias ajenas se puede comprobar que los países rara vez colapsan de forma repentina, lo habitual es que atraviesen largos períodos de degradación gradual. Ya que cada crisis se vuelve un poco más intensa que la anterior, cada problema permanece sin resolver durante más tiempo, cada institución pierde una parte adicional de su credibilidad.
Bolivia todavía tiene margen para evitar ese escenario y hacerlo exige abandonar la política de la espera y la tibieza.
Exige comprender que la estabilidad no se construye evitando decisiones difíciles, sino que se construye tomando decisiones oportunamente, exige reconocer que la gobernabilidad no consiste en satisfacer simultáneamente a todos los sectores, más bien en garantizar que las reglas sean respetadas por todos, exige aceptar que ejercer autoridad legítima no constituye una amenaza para la democracia, es una condición indispensable para preservarla.
La ciudadanía quiere percibir que existe una dirección clara, saber que las instituciones funcionan, comprobar que las leyes no son simples recomendaciones sujetas a negociación permanente. La gente busca confiar en quienes ocupan posiciones de responsabilidad estén dispuestos a ejercerlas, en estos momentos lo que quiere es liderazgo.
Porque los pueblos pueden tolerar sacrificios cuando perciben que existe un rumbo, atravesar dificultades económicas cuando creen que forman parte de un proceso de recuperación y comprender decisiones impopulares cuando estas responden a una estrategia coherente, pero lo que resulta cada vez más difícil de aceptar es la sensación de inacción e inmovilidad.
Repito nuevamente, Bolivia enfrenta desafíos enormes, algunos son económicos, institucionales, sociales y políticos, pero ninguno de ellos encontrará solución mediante la simple expectativa de que las circunstancias mejoren por sí solas.
Lo que hoy enfrenta el país consiste en determinar si quienes recibieron el mandato de gobernar están dispuestos a asumir plenamente las responsabilidades que ese mandato implica o si, por el contrario, continuarán apostando por una moderación mal entendida que, lejos de resolver los problemas, corre el riesgo de profundizarlos.
Porque existe una diferencia fundamental entre la prudencia y la pasividad.
La primera es una virtud política y la segunda suele convertirse en el preludio del fracaso.
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