Un error de diseño es una falla en la lógica sobre el cual se arma la estructura de una solución. Es decir, el sistema reacciona como se lo incentivó a hacer, pero no logra resolver el problema de fondo para el cual se lo diseñó, justamente por ese error fundamental.
Es de conocimiento público que la corrupción en el aparato estatal del régimen anterior era sistémica y que el modelo de administración se configuró para facilitar y encubrir actos ilícitos. Este esquema se sostenía por medio de una repartición estratégica de entes estatales entre los distintos grupos de poder del masismo, garantizando así la protección recíproca de sus intereses para desfalcar al Estado.
Para destapar esta corrupción institucionalizada—desde la denuncia, su cuantificación hasta la sanción—se requiere una estrategia integral con plazos, procedimientos y alcances definidos. Abordar el problema de forma aislada, institución por institución, constituye un error de diseño que fragmenta los recursos y genera inconsistencias según quién esté a cargo. La falta de una visión integral a una problemática institucionalizada es un planteamiento que no aprobaría un curso de estrategia y ejecución en una escuela de negocios.
No obstante, en las últimas semanas hemos sido testigos de denuncias diarias de lo que funcionarios de la administración de Paz Pereira encontraron en las distintas reparticiones del estado que no han sorprendido a nadie. Las cifras que nos brindan son tan fantásticas que no entran el imaginario de la población y la “Comisión de la Verdad” y el posible nombramiento de delegados presidenciales para encarar estos temas nos lleva a examinar cuan eficientes fueron esfuerzos anteriores similares: dos de índole político y dos de índole económico.
La Comisión Nacional de Desaparecidos Forzados (1982), pionera en la región, investigó la suerte de personas desaparecidas durante las dictaduras, logrando un listado de aproximadamente 150 víctimas. Sin embargo, fue disuelta a finales de 1984 sin completar su mandato ni lograr acciones judiciales contra los responsables, contrastando con el éxito de la comisión argentina equivalente que logró que las Juntas militares sean llevadas a responder judicialmente por sus actos.
Posteriormente, la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación (2016) tuvo el mandato de esclarecer violaciones a los derechos humanos entre 1964 y 1982. Los 11 tomos donde se detallan sus averiguaciones entregadas en 2020 son una memoria histórica que documenta los crímenes y solicita al Gobierno Nacional asumir las acciones necesarias para evitar la impunidad.
A pesar de la amplitud y profundidad de los informes de estas comisiones, han tenido poco valor utilitario para activar juicios condenatorios contra los señalados quedando estos crímenes impunes.
En lo económico, hubo dos delegados presidenciales para analizar el proceso de capitalización. El primero, Juan Carlos Virreira en el 2003 presentó su informe en 5 cuadernos donde solicitaba que se cite y enjuicie al ex ministro de capitalización Alfonso Revollo por varias irregularidades encontradas.
Con el cambio presidencial, Francesco Zaratti fue nombrado por Carlos Mesa para revisar la Capitalización y fue severamente cuestionado por la Comisión Económica del Congreso. La razón (según ANF) fue un conflicto de interés al haber cobrado fondos de YPFB y asesorado al exministro Antonio Araníbar de Hidrocarburos durante el mismo período de la capitalización que, irónicamente, debía investigar y «revisar».
Claramente las comisiones de la “verdad” y/o el nombramiento de delegados presidenciales no han servido su propósito y no tenemos elementos de juicio para creer que esta vez será distinto. La cita atribuida a Albert Einstein que la «locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes» y, conscientes del propio diagnóstico del presidente Paz Pereira que “el estado está muerto”, reclaman medidas estratégicas bien formuladas y definidas que contemplen una ejecución efectiva para el logro de los objetivos.
En las elecciones presidenciales, los principales candidatos a la presidencia coincidían en que, el país, su población, los agentes económicos, potenciales inversores etc., necesitaban ver medidas que restauren credibilidad en el gobierno y en Bolivia.
El empleo de un método con un error de diseño básico para revelar y cuantificar la corrupción, junto con la reiteración de herramientas que fracasaron en importantes investigaciones anteriores van a erosionar esa credibilidad que se quiere restaurar brindando, otra vez, impunidad a los culpables.
No es por ahí.
- JOSÉ LUIS CONTRERAS C.
- ECONOMISTA.
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