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Mediante una resolución camaral, el Senado aprobó ayer, el informe final de la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados el 26 de junio de 2024, conocidos como el “autogolpe” del régimen de Luis Arce, y concluyó que el desplazamiento militar en plaza Murillo nunca tuvo la intención de generar un “golpe de Estado”.
“Ya serán quienes vengan adelante, quienes hagan cumplir estas recomendaciones. Hay conclusiones, pero también recomendaciones para todos los alcances de este informe final”, explicó el senador Williams Torrez, luego de la entrega de más de 40 carpetas y el informe final de la comisión al pleno de la Cámara Alta.
Partes concluyentes del informe difundido por el periodista John Arandia, descartan la figura de “golpe de Estado” que el gobierno trató de imponer como una narrativa para “victimizarse” y que derivó en el encarcelamiento de varios militares y civiles. Los legisladores tomaron declaraciones al menos a 26 personas implicadas en la también llamada “asonada militar del 26J”.
“No existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del Ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un golpe de Estado en Bolivia, y como consecuencia, de deponer el mandato constitucional del presidente del Estado, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional o tomar el control de instituciones o entidades del Estado”, cita el numeral 1 de conclusiones del informe.
Lo que sí identificó la Comisión Especial fue el direccionamiento que dieron al personal militar, de forma irregular, el entonces general Juan José Zúñiga, My. Leonel Elio Sanjinés, My. Miguel Fernando Iriarte, My. Waldir Mamani y My. Luis Domingo Balanza, todos miembros del grupo denominado “Pachajchos”. En consecuencia, se advierte indicios de responsabilidad penal en grado de autoría para esos uniformados, por las conductas penales de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber emitido órdenes irregulares, aprovechando su grado y cargo en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se establece que el personal militar desplazado en plaza Murillo esa fecha estaba conformado en 90% por soldados de regimiento de la Policía Militar y del regimiento Colorados, jóvenes que solamente cumplían su servicio militar obligatorio, y por tanto, no tenían la suficiente preparación militar para realizar una supuesta planificación especializada en doctrina de operaciones urbanas.
El informe también nombra como promotores, incitadores e instigadores en grado de complicidad, a los militares en servicio pasivo Gral. Tomás Héctor Peña y Lillo, Cnel. Juan Carlos Calderón de la Riva y Gral. José Antonio Agreda.
A partir de esa movilización militar irregular, agrega el informe, el Ejecutivo intentó posicionar en los medios de comunicación y ante la comunidad internacional la versión de un “golpe de Estado fallido en Bolivia”; sin embargo, señala la investigación, “no ha identificado prueba plena que determine tal aspecto, pero advierte el rol de victimización e intentando magnificar ciertos escenarios para intentar respaldar esa teoría”.
Finalmente, se apunta al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana, entre otros, de haber vulnerado los derechos humanos, la dignidad, honra, reputación y presunción de inocencia de varios ciudadanos investigados. Se menciona, además, el documental producido por el Ministerio de Gobierno a cargo de Eduardo del Castillo, denominado “¿Qué pasó el 26J en Bolivia?”, que fue emitido en los medios de comunicación estatales y plataformas digitales del Ejecutivo, mientras la Comisión Especial todavía continuaba en el proceso de investigación del caso.
Sobre ese punto, el senador oficialista Félix Ajpi, dijo que existe responsabilidad en el exminsitro de Gobierno, porque fue su despacho el que coordinó las detenciones de militares y civiles. Agregó que el informe recomienda al Tribunal de Justicia Militar que reincorpore en sus cargos a aquellos militares que fueron dados de baja y que no tienen indicios de responsabilidad.
La comisión fue integrada por los senadores Willian Torrez, Gladys Valentina Alarcón, Lucy Sara Escobar, Elena Judith Aguilar y Felix Ajpi del oficialismo, además de Jorge Antonio Zamora, Porfirio Menacho, Guillermo Seoane y Henry Montero por la oposición.
