Aurora López (40). nombre ficticio, perdió a su niña de dos años repentinamente a principios de 2025, después que un juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz TDLP, resolvió, al término de una audiencia, enviarla al Reciento Penitenciario Femenino de Miraflores con detención preventiva, luego de ser acusada por un presunto delito.
La mujer, intempestivamente recluida, no tuvo tiempo de planificar la separación coyuntural de la niña. Esta situación forzó a la madre a desplegar, horas después, esfuerzos económicos y legales para suplicar al juez, disponga, sin pérdida de tiempo, que la criatura pueda acompañarla debido que, la ausencia del cuidado maternal, comenzó a resquebrajar la salud de la infante.
La respuesta, como era de suponer, no llegó de inmediato. Por el contrario, el juez y la burocracia del sistema judicial, tomaron su tiempo para agilizar el trámite.
Cuando llegó la autorización, al cabo de casi 90 días, la niña recién fue autorizada para ingresar junto a la madre al recinto penitenciario. “Llegó mi hija desde la población de Caranavi para acompañarme, pero junto a ella, arrimó presencia la desgracia. Durante el trayecto sufrió un resfrío, que horas después, acabo con su vida”, relató compungida López.
Sumida en el llanto, Aurora continúa esperando a la hija que nunca llegó y, el tiempo, solo ahonda el sufrimiento frente a la insensibilidad de la justicia, que, a pesar de haber sido golpeada por la desgracia, mantiene firme la prisión preventiva, sin que hasta ahora se hubiera comprobado el delito, comenta el caso la letrada Janeth del Rocio Torrez de la Pastoral Carcelaria Católica de La Paz.
Al igual que Aurora López, otras 2.310 mujeres sobreviven en las cárceles de Bolivia (existen 21 centros penitenciarios para mujeres a nivel nacional), donde purgan penas privativas de libertad bajo el rótulo de “detención preventiva”, denuncia Torrez para quién, es urgente resolver éste problema que, día tras día, acrecienta el hacinamiento en los recintos penitenciarios donde se hallan también, bajo encierro forzado, miles de infantes, niños (as) y adolescentes.
Según los datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario, entre los delitos por los cuales se encuentran las mujeres privadas de libertad, en los 21 centros penitenciarios son: tráfico de sustancias controladas, suministro de sustancias controladas, robo agravado, entre otros.
La Defensoría detalla al respecto que el 41,26% de las mujeres en prisión se encuentran privadas de libertad por delitos relacionados a sustancias controladas. El 12,28% de las mujeres en prisión se les atribuye la comisión de delitos no violentos (Ej. Hurto). Muy por debajo le sigue el delito de asesinato con 7,59% y con 4,12% el delito de homicidio.
Las mujeres, en situación de privación de libertad, son un grupo especialmente vulnerable por múltiples razones. La discriminación contra las mujeres a todos los niveles y, en todos los estratos de la sociedad se refleja, e incluso se agrava, en los establecimientos penitenciarios.
Las prisiones, un universo en general concebido por los hombres para los hombres, a menudo no tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, que representan una minoría poco visible de la población general de los centros penitenciarios (a nivel mundial entre el 2% y el 9% en función de estimaciones), refiere la Defensoría del Pueblo en un extenso documento de investigación sobre la situación en que se hallan miles de mujeres con encierro forzado junto sus hijos en cárceles nacionales del país.
En Bolivia el 70% de mujeres son enviadas con detención preventiva
De los datos que maneja la Dirección General de Régimen Penitenciario se tiene que actualmente la población privada de libertad alcanza aproximadamente a 33.000 personas de las cuales el 7% (2.310 mujeres) es la población femenina y el 64.40%, es decir, más de la mitad están recluidas con detención preventiva, precisa estadísticas Torrez.
Instituciones mundiales dedicadas abordar esta temática señalan que, en algunos países, el porcentaje de empleo de la detención preventiva, es mayor en mujeres que en hombres. Así en Bolivia el 70.9% se aplica al caso de mujeres frente solo al 63.3% en hombres.
En Colombia ocurre lo mismo con 34.16% en mujeres y 21% en hombres. En Costa Rica, 56.9% en mujeres y 18.9% en hombres. En México, 52.2% en mujeres y 42% en hombres. En Argentina las tasas de aplicación de prisión preventiva son del 58.9% en mujeres y del 27 52.8% en hombres.
Estas cifras demuestran que a pesar de que las mujeres mayormente están detenidas por delitos no violentos, tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres. Enfrentar los problemas citados es tarea del Estado, indica el informe defensorial.
Bolivia Energía Libre converso con la letrada de la Pastoral Penitenciaria de La Paz, para abordar los efectos nocivos que deja el encierro forzado para los infantes, niños y adolescentes junto a sus madres en cárceles del país.
Esta es la entrevista que hizo el periódico digital a la profesional, Janeth del Rocío Torrez.
Bolivia Energía Libre (BEL).- De la experiencia que tiene ¿podría describir la problemática del abuso de la detención preventiva en mujeres y mujeres con hijos menores de edad que están en las cárceles de Bolivia?
Janeth del Rocío Torrez (JT).- Siendo que la detención preventiva es una medida excepcional que restringe la libertad de una persona acusada de un delito, antes de una sentencia final y, que tiene por objetivo asegurar que la persona sindicada se presente al proceso y, no obstaculice la investigación y que además debe estar justificada por riesgos de fuga u obstrucción de la justicia.
Lamentablemente en nuestro país esta medida se ha convertido en la regla general por su uso excesivo, dando lugar a uno de los problemas más grandes que tienen los recintos carcelarios que es el hacinamiento.
De los datos que maneja la Dirección General de Régimen Penitenciario se tiene que actualmente la población privada de libertad alcanza aproximadamente a 33.000 personas de las cuales el 7% es la población femenina y el 64.40% de las privadas de libertad están recluidas con detención preventiva.
Por otra parte, la infraestructura de los dos centros penitenciarios femeninos de La Paz (Centro de Orientación Femenina y Recinto Penitenciario Femenino de Miraflores), hace que ellas vivan en condiciones paupérrimas, contrarias a su dignidad personal.
En el Centro de Orientación Femenina (COF), al mes de agosto existía la presencia de 30 niños con sus madres compartiendo el lugar que tienen que, en muchos de los casos, son celdas donde están recluidas cuatro mujeres.
En cuanto al prediario, que otorga el Estado, para su alimentación diaria, este llega a Bs.- 8 y, los niños comparten con sus mamás (el estipendio para comprar) los alimentos, no gozan de este beneficio..
Muchas de las mujeres son cabezas de familia, que mantienen a sus hijos desde el encierro, esto hace que ellas muchas veces entren en depresión al no poder generar los suficientes recursos económicos, el abuso de la detención preventiva agrava la situación de estas mujeres, afectando directamente a sus núcleos familiares.
BEL.- ¿Cómo le afecta a la mujer y a su entorno familiar la detención preventiva que está fuera de plazo?
JT.- Primeramente, las personas en detención preventiva prolongada sufren la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia,
En el caso de las mujeres afecta en mayor medida a las que no tienen suficientes recursos económicos para defenderse y acceder a medidas alternativas, si bien existen beneficios legales que pudieran favorecerles muchas de ellas han sido engañadas por sus abogados que les han sacado todo su dinero por lo que esto les genera problemas de salud física, psíquica como ansiedad, depresión, etc.
En lo referente a su entorno familiar, es muy lamentable la situación de los hijos, ellos han sido separados abruptamente de sus mamás y, tiene efectos devastadores para ellos, porque les genera traumas, la falta de información, la incertidumbre les ocasiona estrés, desajustes escolares y emocionales.
Muchos de los hijos abandonan sus estudios, ingresan a pandillas, se vuelven alcohólicos o se hacen adictos a las drogas o en el caso de las niñas, aparecen embarazadas.
Muchas veces los que se hacen cargo de los hijos son los abuelos que tienen que trabajar para mantener a los nietos y esta situación se hace insostenible para ellos.
Así, por ejemplo, este año vimos a una abuela que no podía económicamente seguir teniendo a sus nietos adolescentes y les fue a dejar con todas sus cosas, en la puerta de la cárcel, para que pueda atender la madre.
Frente a la imposibilidad de la progenitora de cobijar a sus hijos, fueron remitidos a dos hogares de acogida que tiene el Estado, esto causó mucho sufrimiento a la mamá que no pudo hacer nada al respecto.
Es urgente que a nivel de gobierno se haga una reforma legal que frene el uso y abuso de la detención preventiva que afecta a las poblaciones más vulnerables como son las mujeres privadas de libertad.
Mujeres en cárceles de alta seguridad en el Estado
La Defensoría del Pueblo informó que el 72% de las mujeres privadas de libertad se concentra en centros penitenciarios de Santa Cruz que asciende a un total de 630 internas, seguido por La Paz con 433 y Cochabamba con 276 mujeres privadas de libertad.
Un dato preocupante es que en apenas 6 meses la población carcelaria femenina total subió un 12,5% y, en los tres departamentos subió en un 13,38% a junio 2024. Esta por evaluarse aún la situación hasta fin de año correspondiente a la gestión 2025.
El reporte especializado de la defensoría revela, además que el 55,39% de las mujeres privadas de libertad (1042 mujeres), constituyen mujeres que purgan penas de libertad con hijos y viven con ellas en los centros penitenciarios. Existen mujeres embarazadas, factores que las exponen a mayores amenazas, riesgos o desventajas en los centros penitenciarios, agravando su vulnerabilidad en los centros penitenciarios, prende luz roja la entidad estatal.
El Defensor exhorta al Estado abrir los ojos a un problema social de grandes dimensiones
Un informe oficial de la Defensoría del Pueblo titulado “Mujeres en cárceles de Bolivia. Informe temático del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las mujeres privadas de libertad”, correspondiente a la gestión 2023 y junio de 2024), refiere que En Bolivia existen un total de 30.978 personas privadas a nivel nacional, de las cuales 2.150 son mujeres que representan el 6,9% de la población privada de libertad en centros penitenciarios.
En los últimos diez años en Bolivia se evidencia un incremento notable de la tasa de encarcelamiento que aproximadamente ha duplicado la población carcelaria, como efecto del uso prolongado y arbitrario de la prisión preventiva. Hoy más del 80% de la población encarcelada, lo está por prisión preventiva, señala la entidad defensorial.
Una de las razones de esto, es que el Estado boliviano ha venido implementando algunas medidas de política criminal orientadas a responder al discurso de seguridad ciudadana, con medidas de “mano dura”, como el incremento de penas, la creación de nuevos tipos delictivos y la restricción al uso de medidas sustitutivas al encarcelamiento, infiere la Defensoría.
En Bolivia, durante la última década, mientras se duplicó la población carcelaria, el número de los presos sin condena se ha triplicado.
Esto ha generado además de una situación de hacinamiento en las cárceles cercano al 300% de su capacidad instalada, sucesivos episodios de amotinamiento en las penitenciarías del país, denuncia, por su parte, Ramiro Orias, director del programa Para el Debido Proceso, que tiene respaldo internacional de las Naciones Unidas (ONU).
Según el Centro de Estudios en Justicia de las Américas, Bolivia presenta una de las tasas más altas de presos sin condena del continente.
En el 2013, a nivel regional la proporción más alta de detenidos en espera de juicio entre la población total de presos la tiene Bolivia (con un 83%) y se sitúa entre los tres casos con tasas de hacinamiento más graves de Latinoamérica.
Las estadísticas penitenciarias del continente ubican a Bolivia como el tercer país con cifras más críticas en tema de hacinamiento carcelario y como el primer país con índices más altos de presos sin condena.
Cárcel, doble golpe para las mujeres en Bolivia
La problemática penitenciaria daría la impresión de estar atrapada en un círculo vicioso del cual no puede salir. Existe una gran cantidad de estudios y diagnósticos que nos recuerdan cada cierto tiempo algo que es de conocimiento general: las cárceles en Bolivia no están bien y tratándose de centros penitenciarios que albergan a mujeres, a la problemática general se suman otras propias de sus necesidades específicas, señala el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro.
La autoridad identifica, en este sentido, los efectos nocivos que genera la cárcel para las mujeres en un Estado donde la carencia de atención es la regla.
Existe en este sentido, falta de comprensión y prevención de delitos que son más recurrentes en mujeres, la respuesta de las instituciones encargadas de administrar justicia, con el uso excesivo de la detención preventiva, genera mayor hacinamiento, asegura.
Cuando un juez dispone la cárcel para una mujer, no se toma en cuenta el enfoque de género y diferenciado. La deficiente infraestructura carcelaria y la falta de separación y, no aplicación cabal de un sistema progresivo, pensado para la reinserción social, suma dificultades, denuncia Callisaya.
Así, la falta de un tratamiento diferenciado en torno al acceso a la salud (general y especializada), educación, oportunidades laborales, y el cúmulo de carencias en las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad, las exponen a vulneración de sus derechos humanos y, junto a ellas, sufren niñas y niños que sobreviven acompañando a sus madres en los centros penitenciarios, en un entorno que es atentatorio a su desarrollo integral y, está lejos de guiarse por el interés superior del niño, alerta.
Estos factores debilitan aún más todo el sistema carcelario con la lógica vulneración de derechos donde nuevamente se olvida al ser humano como sujeto principal, convirtiéndolo en objeto de la errática acción penal del Estado, interpela el Defensor.
- ///FUENTE: BOLIVIA ENERGÍA LIBRE///
