El Art. 407.I de la Constitución Política del Estado define: “Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano”. Lamentablemente, el gobierno permite los avasallamientos que se producen día a día, especialmente en PROPIEDAD privada que se dedica a la producción de la agropecuaria, que no solo produce alimentos para satisfacer las necesidades del soberano, sino también para la exportación, que genera recursos monetarios.
La Ley 477 sobre el avasallamiento define en el Art. 1° “Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”. Para fines de esta ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades.
No hay datos estadísticos actualizados sobre la totalidad de predios avasallados en Bolivia hasta la fecha. La Asociación de Predios Avasallados informó que se registraron 237 casos en 2023, con solo 36 desalojados. Hasta el 7 de octubre de 2025, se reportaron 331 predios avasallados en Bolivia, según datos del sector productivo. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) han expresado preocupación por la falta de seguridad jurídica y el impacto negativo de estos avasallamientos en la producción agropecuaria y el medio ambiente, afectando a tierras del Departamento de Santa Cruz, durante el gobierno de Luis Arce. Las invasiones impunes a la propiedad privada se deben al padrinazgo político.
Los grupos de avasalladores, se convirtieron en organizaciones criminales armadas. Tratan de consolidar las invasiones ilegales de predios productivos, por la inacción del Gobierno y la Policía, a poco de dejar el poder. Los propietarios denuncian junto a sus trabajadores que grupos armado irrumpen, dejando heridos, atacando sus motorizados. Y cuando llega la policía, los avasalladores salen del lugar antes de la llegada de los uniformados. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es acusado de brindar respaldo e información a los grupos irregulares, como contubernio con los avasalladores de tierras de propiedad privada.
Los productores están en completa indefensión ante la falta de acción del Estado, que no solo fomenta los avasallamientos, sino que también aumentan delitos como el abigeato y el contrabando, afectando aún más al sector agropecuario.
Ante la falta de políticas de Estado que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria, el soberano está sufriendo por la falta de alimentos y la escalada de precios afecta a los más desposeídos. De acuerdo a estudios de la Fundación Jubileo y UNICEF, el porcentaje real, ajustado a la inflación de 2021-2025, podría llegar al 17,5%. En Bolivia, la pobreza extrema oficial para 2023 se ubicaba en 11.9%, según datos del Ministerio de Economía. Sin embargo, estudios de la Fundación Jubileo y UNICEF sugieren que el porcentaje real, al ajustarlo por la inflación de 2021-2025, podría llegar al 17.5%, por la falta de cumplimiento de la Constitución. Lamentablemente, la pobreza extrema afecta de manera desproporcionada a las zonas rurales, donde la cifra estimada por la Fundación Jubileo alcanzaría el 35%, en contraste con el 10.3% en las áreas urbanas. Se puede colegir que el “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, fue un verdadero fracaso, porque prima la ideología populista destructiva, antes que la seguridad jurídica para atraer inversiones y fomentar la inversión de productores bolivianos, porque los asfixian con la burocracia corrupta.
- ANGÉLICA SILES PARRADO
- Abogada, Ex Asambleísta Constituyente De Bolivia
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