V21.- Una misma firma, nombre, dirección y cédula figuran como parte y contraparte de una adenda de contrato en la empresa Botrading, arrojando otra irregularidad en un caso con sospechas de alta corrupción que puede llegar hasta la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Sandra Otazú es la abogada paraguaya que ayudó en la constitución de Botrading como una empresa intermediaria boliviana, constituida en el vecino país y que se encarga de la comercialización de combustibles con YPFB.
En calidad de representante legal de Botrading, la abogada firmó una adenda de contrato el 29 de febrero de 2024 con ella misma, como contraparte de ALC.S.A. de Paraguay, para la contratación de servicios de gestión corporativa, servicios contables y fiscales, asesoría legal y asesoría laboral.
«Botrading Sociedad Anónima, sociedad constituida en la República del Paraguay, con domicilio legal en Washington casi Juan de Salazar N597 de la ciudad Asunción, representada en este acto por Sandra Otazú con cédula de identidad 769038, en adelante el «BOTRADING», y de la otra parte ALC.S.A., empresa constituida en la República del Paraguay, con domicilio en Washington casi Juan de Salazar N597 de la ciudad Asunción, representada en este acto por Sandra Bethania Otazú Vera con cédula de identidad 769038, en adelante «OWR», denominadas cada una individualmente «parte» o colectivamente «partes» convienen celebrar la presente adenda al contrato de Servicios de Gestión Corporativa, Servicios Contables y Fiscales, Asesoría Legal y Asesoría Laboral de fecha 29 de febrero de 2024, de conformidad a las siguientes cláusulas», cita el documento.
Otazú, según su perfil en Linkedin, es «abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1998, especializada en Propiedad Intelectual con énfasis en litigios en materia de patentes, modelos industriales, marcas y Derechos de Autor».
Más adelante, agrega: «Además, asesora a emprendedores y empresas extranjeras en la apertura de operaciones en el país, la implementación de regímenes de inversión, la decisión del tipo de gobernanza corporativa a implementar y los trámites relacionados con el cumplimiento para los sujetos obligados y empresas vinculadas en su caso».
La pasada semana se conoció que la abogada paraguaya fue contratada para colaborar en la constitución de esta subsidiaria con pagos mensuales de 5.500 dólares, pero luego quedó designada como presidenta de Botrading tras aportar un capital de 465 dólares y entrar a la firma boliviana como accionista minoritaria.
Toda esa información comenzó a circular tras las declaraciones de altos funcionarios y del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, a la Comisión Especial de Diputados que investiga el caso Botrading.
Fuentes consultadas por VISOR21 detallan que la normativa en Paraguay permite ciertas licencias en este tipo de contratos, pero en el caso boliviano la firma como parte y contraparte puede recaer en figuras penales y corrupción.
El caso Botrading ya implicó a una docena de funcionarios de YPFB, pero también se menciona a una red de ejecutivos donde figura Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente saliente, quien enfrenta una orden de aprehensión por un caso de violencia contra la mujer.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen y el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ya prestaron su declaración ante la Fiscalía, mientras, la pasada semana, se dictó cuatro meses de detención preventiva para el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, luego de comparecer por este caso que maneja cerca de 500 millones de dólares como presunto daño económico al Estado.
