Ante un preocupante incremento en casos de agresiones al trabajo de la prensa en el país, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Orlando Valdez, presentó un proyecto de ley destinado a proteger la seguridad e integridad de periodistas y trabajadores de la prensa, además de precautelar y promover el respeto a las garantías constitucionales hacia esta actividad.
El asambleísta de oposición explicó que esta iniciativa responde a un trabajo de seguimiento que ha venido realizando sobre distintos casos de periodistas agredidos mientras cumplían con su labor de informar a la sociedad.
“Hemos presentado este Proyecto de Ley después de aproximadamente unos tres meses de recibir y verificar denuncias sobre agresiones a periodistas de todos los medios de comunicación, ya sean estatales, privados y de aquellos que se transmiten a través de plataformas digitales”, explicó.
Según este seguimiento y recopilación de datos, en el último tiempo se han registrado agresiones de todo tipo, “desde el secuestro de equipos hasta amenazas de muerte”, donde la integridad de trabajadores de la prensa se ha visto comprometida en muchos casos.
“Es en ese contexto que hemos elaborado esta propuesta normativa cuya finalidad es proteger a los periodistas”, dijo.
Sobre el contenido de la norma, Valdez detalló que se busca brindar un marco jurídico de protección a periodistas y otros trabajadores de la prensa, de esta forma proteger y garantizar la libertad de prensa en el país, para ello se disponen una serie de medidas y obligaciones dirigidas al Estado boliviano.
“El Estado de Bolivia tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores de periodistas y trabajadores de la prensa (…) debiendo adoptar todas las medidas necesarias para prevenir diversas formas de amenazas o ataques contra la integridad de periodistas y trabajadores de la prensa. Asimismo, debe adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, capacitar permanentemente a funcionarios del Estado respecto a sus obligaciones vinculadas con esta ley”, agregó.
La norma también obliga a funcionarios y autoridades a no obstaculizar el trabajo de la prensa y se respete el derecho a la reserva de fuentes, asegurando el acceso a la información, además de garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas.
“Esto incluye todo daño de riesgo a la integridad física o psíquica que tenga lugar a través de amenazas, hostigamiento, intimidación, violencia física, sexual, o uso excesivo de la fuerza por parte de personal policial, hostigamiento en línea o vigilancia por parte de agencias estatales a terceros”, indicó.
Consultado sobre el respaldo que se espera hacia esta normativa en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Valdez manifestó que no debería haber ningún inconveniente para que parlamentarios de oficialismo y oposición respalden esta iniciativa, tomando en cuenta que el trabajo de la prensa es constantemente destacado y reconocido como parte fundamental de en un Estado democrático.
“No creo que algún parlamentario se oponga a este Proyecto de Ley para garantizar la libertad de prensa que es uno de los pilares fundamentales de todo ejercicio democrático en un Estado”, finalizó.
En junio de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, calificando esto como una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa, por lo que se instó al Gobierno boliviano a fomentar un clima de respeto, cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
“Entre otras violaciones a la libertad de prensa, periodistas han sido víctimas de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipos”, se señaló.
Asimismo, se identificaron mensajes emitidos por el expresidente Evo Morales, quien apostó por el silenciamiento y la intimidación de la prensa independiente bajo el argumento de que se busca anularlo políticamente.
En su informe semestral, la SIP consignó que en Bolivia las restricciones tienen cuatro escenarios: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia agregando además que, el discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de “prensa vendida” y “cárteles de la mentira”.
El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó que en Bolivia la calificación de “alta restricción” en el país “es indicativa de los múltiples casos de violencia en contra de periodistas y medios; de impunidad ante estos hechos, del cierre de medios y de las crecientes restricciones para informar y expresarse”.
Concluye que “la labor periodística es víctima múltiple de la asfixia económica gubernamental, del acoso y de los ataques físicos, verbales, cibernéticos, policiales y judiciales, entre otros, que ahondan la vulnerabilidad de su ejercicio y que conculcan la garantía democrática de una sociedad informada y con libertad de expresarse”. El país se ubicó en el puesto 18 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.
- ///FUENTE: EL DIARIO///
