- «Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puñetazo en la boca». – Mike Tyson
Los planes de los principales candidatos presidenciales sobre el sistema de pensiones y el futuro de la Gestora de Pensiones (Gestora) presentan varios puntos en común.
Tanto Andrónico Rodríguez como Jorge Quiroga señalan que el gobierno actual ha utilizado los fondos de la Gestora para financiar su creciente déficit fiscal, una práctica que, según ambos, pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema previsional. Rodríguez lo expresó de forma contundente al afirmar que el gobierno tuvo que «acudir a vivir del fiado, con los recursos de los jubilados, dinero que también lo acabarían algún día, si no hacemos algo».
En cuanto a las soluciones, Doria Medina y Quiroga coinciden en proponer un sistema mixto donde nuevos entes privados compitan con la Gestora estatal. Sin embargo, no explican cómo superarían la limitación de la Constitución Política del Estado, que, en su artículo Nº45 establece que la administración de la seguridad social “corresponde exclusivamente al Estado” y que «los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados».
Ambos candidatos también proponen diversificar y ampliar las opciones de inversión de los fondos para obtener mayores rendimientos. Adicionalmente, Quiroga sugiere devolver al contribuyente la posibilidad de optar por una renta vitalicia al momento de su jubilación.
Finalmente, solo Samuel Doria Medina va un paso más allá al plantear la necesidad de una reforma estructural completa. Propone crear «una comisión técnica de alto nivel con participación de todos los actores del sistema» para asegurar la viabilidad y la entrega de «pensiones dignas».
Creada por la Ley de Pensiones de 2010, la Gestora recién comenzó a administrar los fondos de pensiones en 2023. Esta larga y costosa demora de trece años estuvo marcada por inoperancia, corrupción, así como por una notable incapacidad tanto en su diseño como en su operación, un patrón similar al de muchas otras entidades estatales que surgieron desde 2006.
En su estructura legal, el diseño podría ser adecuado: su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es el presidente del directorio, quien, con otros 4 miembros, deberían ser nominados por el presidente del Estado de una lista propuesta por 2/3 de la cámara de diputados. El directorio, así compuesto, nombra al Gerente General quien actúa como Máxima Autoridad Operativa.
En la práctica, la estructura legal y corporativa de la Gestora es frágil, poco transparente y contradictoria. Como prueba de ello, no existe un registro público del nombramiento de sus directores; no figuran ni en la página web de la entidad, en su Memoria anual, ni en la Gaceta Oficial y, en ausencia de directores y un presidente, la opinión de los auditores externos de sus estados financieros están dirigidos al Gerente General.
Para sortear la incapacidad de la Cámara de Diputados de proponer una lista de directores, la Ley Financial del presupuesto 2023 estableció una solución temporal: autorizó al presidente del Estado a nombrarlos directamente y designó al Gerente General como MAE de forma interina. No obstante, esta provisión viola los propios estatutos de la Gestora, aprobados por el decreto supremo Nº2248 de 2015.
A pesar de esta fragilidad institucional dado que la MAE no responde a un directorio como indican sus estatutos, que a ninguna empresa privada le permitiría siquiera abrir una cuenta bancaria, y mucho menos operar, la Gestora maneja un patrimonio superior a los Bs190 mil millones. Este monto, compuesto por los fondos que administra, es ocho veces mayor que el patrimonio de toda la banca en Bolivia.
La Gestora administra estos recursos sin directrices legales o institucionales claras sobre el nivel de diligencia que debe mantener y/o garantizar a sus aportantes y beneficiarios.
Esto significa que ni los directores (si existieran) ni la actual MAE tienen la obligación de cumplir con metas cualitativas de rendimiento o de buena gestión de los fondos.
En este contexto y dado que la Gestora está bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no es de extrañar que el 40% de su portafolio de inversiones esté compuesto por títulos de deuda de entidades estatales. Esta concentración de fondos, que superan los Bs70 mil millones se encuentra en una situación de alto riesgo debido a que la calificación crediticia de Bolivia está al borde del default.
La preocupación aumenta al analizar los estados financieros auditados a diciembre de 2024 de los fondos. Estos documentos son deficientes: la información es mínima, está mal organizada y contiene estados de cuenta clave ilegibles. Esta opacidad hace imposible saber con certeza dónde y bajo qué términos se encuentran los ahorros de los trabajadores.
Un caso que ilustra esta negligencia es el del Fondo de Capitalización Colectiva, que aún reporta una inversión de Bs317 millones en el Lloyd Aéreo Boliviano. Lo insólito es que esta aerolínea fue declarada en quiebra en enero de 2022, y el propio fallo judicial advirtió sobre la falta de registros legales o contables para justificar sus operaciones.
El Fondo de Capitalización Individual (FCI) presenta ‘inversiones’ preocupantes. Por ejemplo, aún registra más de Bs5 mil millones invertidos en el Banco Fassil, a pesar de que esta entidad fue intervenida en abril de 2023 e Ivette Espinoza Vásquez, hoy directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, indicó que el proceso de liquidación era “rápido que permite transferir los depósitos y la cartera para que se haga cargo otra entidad financiera.”
De igual manera, el fondo tiene una inversión a largo plazo de Bs1.178 millones en ENDE Transmisión S.A. para financiar su capital de operaciones e inversiones. Dicha colocación rinde apenas un 5,65% anual en promedio, tasa que, al compararse con la inflación oficial, representa una rentabilidad negativa para los aportantes del FCI y acaba siendo un subsidio directo de los aportantes a una empresa estatal.
Este problema de rendimientos insuficientes también se extiende a la banca nacional por Bs80 mil millones y a empresas privadas, que, en total, superan los Bs5 mil millones.
El origen de estas decisiones, tomadas a costa de los aportantes, reside en una falla sistémica de gestión de riesgos, provocada por un claro conflicto de interés. Al no tener un mandato de diligencia y por depender directamente de un Ministerio de Economía ávido por fondos baratos para financiar el déficit fiscal, la Gestora ignoró el predecible riesgo de la inflación. Irónicamente, esta inflación es la consecuencia directa del mismo déficit que la entidad ayuda a financiar.
El caso de ENDE Transmisión S.A. es también un claro ejemplo de otra negligencia concesional a costa de los aportantes: los bonos emitidos superan el 25% del patrimonio de la empresa, lo que representa una riesgosa sobreexposición crediticia respaldada únicamente por una garantía a sola firma, quirografaria que no brinda un respaldo específico.
El panorama de la Gestora es muy crítico. A la apreciación de Andrónico Rodríguez, de que los fondos podrían «acabarse» de seguir financiando al Estado, hay que añadirle la debilidad institucional, los balances con cifras desactualizadas y/o que no cumplen con estándares internacionales de exposición y valuación, las inversiones que funcionan como subsidios al no superar la inflación a costa de los contribuyentes y una peligrosa concentración de riesgo en ciertos emisores.
Las propuestas de Quiroga son cosméticas ante la crisis estructural que se enfrenta.
Sugerir medidas como ampliar inversiones o permitir rentas vitalicias es como llamar a un decorador para mejorar una habitación mientras el edificio entero amenaza con colapsar.
Es una estrategia que opta por soluciones superficiales y de efecto rápido, ignorando la magnitud y la urgencia del problema de fondo.
Como advierte la cita de Mike Tyson que encabeza este análisis, los planes para el sistema de pensiones son muchos y enunciativos, pero la realidad de la Gestora va a propinar un golpe brutal a sus contribuyentes y beneficiarios si no se encaran sus múltiples problemas.
En ese contexto, es rescatable que Doria Medina advierta que solo una reforma estructural completa podrá garantizar «pensiones dignas» en el futuro.
Es un buen comienzo.
- JOSÉ LUIS CONTRERAS C.
- ECONOMISTA.
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