La diputada nacional María René Álvarez, denunció que el Gobierno busca anular las medidas de protección al jaguar que dictó el Tribunal Agroambiental en abril, para nuevamente fomentar las quemas, los incendios y los avasallamientos de tierras en áreas protegidas, tierras fiscales y territorios donde está especie tiene su hábitat.
“El gobierno saliente del MAS pretende dejar en indefensión al jaguar como especie de nuestra Chiquitania, pero en el fondo, con los recursos que presentaron contra el Tribunal Agroambiental, la pausa ecológica y las medidas cautelares de protección a la biodiversidad, lo que buscan es volver a autorizar las quemas, provocar incendios y atentar contra la propiedad de las tierras”, dijo.
La pasada semana, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), presentaron memoriales individuales ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, para pedir la anulación y casación de la Resolución de Complementación, Enmienda y Aclaración SPTAA-001/2025-AA, que forma parte de la Acción Ambiental Directa que Álvarez activó en abril tras las denuncias de caza ilegal de jaguares en San Matías.
Uno de los puntos de la referida resolución establece: «Mantener la pausa ecológica en tierras fiscales sean disponibles y no disponibles, Áreas Protegidas administradas por el Sernap o las entidades territoriales autónomas y las zonas de amortiguamiento externas de las mismas, así como los parques nacionales, departamentales, municipales».
“Aquel fue un hito en la historia jurídica ambiental de Bolivia, porque por primera vez, se reconoció la urgencia de adoptar medidas cautelares para proteger a una especie emblemática amenazada por la deforestación, el tráfico de fauna, la caza ilegal, los incendios forestales y la pérdida de su ecosistema. Este fallo no solo tiene un valor jurídico sino también un profundo sentido ético, ecológico e intergeneracional”, expuso la legisladora, en un pronunciamiento público.
“El Ejecutivo también busca avalar el Decreto Supremo 5390 que habilita instrumentos para el cambio de uso de suelos, la legalización de desmontes y la apropiación irregular de tierras fiscales, con el consecuente riesgo sobre nuestras reservas forestales”, añadió.
Para la diputada cruceña, las medidas cautelares que dictaminó el Tribunal Agroambiental le pusieron un freno a los alcances del referido DS 5390 y, por ello, el Ejecutivo busca su anulación.
Finalmente, Álvarez hizo un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales, activistas ambientales, autoridades indígenas, comunidad académica y ciudadanía consciente para mantenerse en estado de alerta y movilizados en defensa de esta causa ambiental.
- ///FUENTE: PRENSA DIPUTADOS///
