UNICEF, Save the Children, junto a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), presentaron hoy cuatro estudios relacionados con la inversión pública que realizaron los gobiernos municipales en la niñez y adolescencia en las áreas de salud, educación, protección contra la violencia, y gasto social.
Bolivia es uno de los países de América Latina que más invierte en su niñez. Sin embargo, la medición de la contribución del Estado en la reducción de las brechas sociales, así como la identificación de los presupuestos específicos necesarios para garantizar servicios de calidad a esta población, se ve limitada por la falta de datos y por un análisis poco detallado de las políticas públicas destinadas a ellos.
Los estudios abarcan el periodo de 2021 a 2023. Los principales hallazgos de estos cuatro estudios revelan tanto las fortalezas como las áreas críticas que requieren atención urgente.
Protección infantil: Una inversión insuficiente
Uno de los hallazgos más alarmantes del análisis es la inversión decreciente destinada a la protección infantil frente a la violencia. En promedio, menos del 1% del presupuesto total municipal se asigna a esta área. Esta cifra subraya la insuficiencia de recursos frente a la magnitud del problema de la violencia contra los niñas, niños y adolescentes (NNA). Es fundamental reflexionar si es posible avanzar en la protección efectiva con tan escasos recursos.
El estudio también muestra que esta inversión se concentra mayoritariamente en actividades de atención directa, alcanzando un 83 % del total de los recursos asignados, como las que realizan las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y los SLIM (Servicio Legal Integral Municipal). En comparación, solo el 10 % se destina a programas de prevención y el 7 % al fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). A pesar de una ejecución presupuestaria razonable, en algunos municipios la ejecución de estos recursos es de solo el 50 %. Esto limita la capacidad de contratar personal especializado y suficiente para ofrecer servicios de calidad.
Se destaca la necesidad de aumentar la inversión en prevención, ya que la continua reducción de la protección frente a la violencia obligará a un mayor gasto en atención, lo que a su vez podría comprometer la calidad de los servicios disponibles. Un mayor enfoque en la prevención no solo garantizaría una reducción de casos de violencia, sino que también representaría un ahorro significativo en la atención de estos casos.
Gasto social municipal: Desigualdades territoriales y enfoque en vivienda
El análisis del gasto social municipal muestra un incremento nominal en la inversión de 2021 a 2023, sin embargo, la distribución de estos recursos sigue siendo desigual. En términos generales, el gasto social se concentra principalmente en vivienda y servicios comunitarios, seguido por salud, educación y protección social. El componente más bajo del gasto social es el medio ambiente, con un promedio de ejecución del 80 %, lo que pone en evidencia un desequilibrio en las prioridades de inversión en las políticas municipales.
A nivel territorial, los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran más de dos tercios del gasto social total. Sin embargo, los municipios más pequeños destinan más recursos en términos per cápita a los servicios sociales para la niñez y adolescencia. Esta distribución asimétrica demuestra la necesidad de una planificación más equitativa que contemple las realidades específicas de cada municipio, especialmente en las zonas más alejadas.
Educación: Un crecimiento modesto y desafíos por superar
En cuanto a la inversión en educación, se ha observado un crecimiento en términos absolutos del presupuesto, pasando de Bs731 millones en 2021 a Bs1.161 millones en 2024. Sin embargo, este aumento sigue representando solo el 3 % del presupuesto nacional de educación y un 5,1 % del presupuesto municipal. A pesar de este crecimiento, la inversión educativa continúa siendo insuficiente para abordar las necesidades del sistema educativo en su totalidad.
El presupuesto destinado a educación está principalmente enfocado en servicios personales y no personales (42 %), materiales y suministros (33 %) y activos reales (22 %). El principal financiamiento proviene de las transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), con un 79 %, mientras que los recursos propios municipales son del 13 %, y otras fuentes contribuyen con un 8 %. Esto resalta la dependencia de las transferencias nacionales y la necesidad de una mayor autonomía financiera para los gobiernos municipales.
Un aspecto destacado dentro del presupuesto educativo es el programa de desayuno escolar, que sigue siendo una de las áreas de mayor inversión.
Salud: Reducir la dependencia fiscal del nivel central
El presupuesto municipal en salud, en términos nominales, revela una tendencia creciente, de Bs1.036 millones en 2021 asciende a Bs1.296 millones el 2023, y representa el 6,6 % del presupuesto total municipal equivalente a una contribución del 5 % del presupuesto nacional en salud. El gasto en salud depende del 79 % del financiamiento de transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación frente a 19 % con recursos específicos.
El desempeño presupuestario es bueno, oscila entre 75 % y 80 %, aunque es bastante heterogénea entre municipios, la más alta logra el 100 % y la más baja el 40 %; de igual manera existe una disparidad importante en el gasto en salud per cápita con un rango entre Bs10.000 y Bs50 por niño, ubicando a los municipios pequeños en la franja baja.
Con relación a la estructura del gasto de salud, el gasto corriente con 94 % (sueldos y salarios y servicios no personales) prevalece frente al gasto de capital (infraestructura sanitaria), para la administración y funcionamiento de los servicios de salud, quedando escaso margen para prevención y vacunación y otros programas específicos (5 %). Los municipios más pequeños en proporción gastan más en construcción en comparación que los grandes.
Conclusión: La urgente necesidad de priorizar la inversión en niñez y adolescencia
Los estudios realizados demuestran que, aunque existen esfuerzos para aumentar la inversión en áreas críticas para la niñez y adolescencia, las brechas siguen siendo significativas, y la falta de recursos en áreas clave como la protección infantil es alarmante. Es necesario replantear las prioridades de inversión pública, especialmente en la protección frente a la violencia, la salud, y la educación, garantizando recursos suficientes para los servicios de prevención y atención, así como para la mejora de la calidad educativa.
Este análisis es un llamado a la acción para todos los niveles de gobierno, organizaciones y la sociedad civil, a fin de priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y garantizarles un futuro más seguro, saludable y con acceso a una educación de calidad.
Los estudios están accesibles en las páginas web de Save the Children y UNICEF.
