V21.- “Mi juventud, ¿quién me devuelve?”, fueron las sentidas palabras con las que Richard Mamani Martínez asumió su liberación luego de casi una década de cárcel en Morros Blancos por una mentira que pretendía dejarlo encerrado por 25 años.
Mamani Martínez entró a la cárcel a la edad de 19 años, luego de haber sido señalado como autor de una violación en 2016, en la comunidad Villa Charcas de Chuquisaca, contra su prima que entonces era menor de edad.
Sin embargo, desde 2023 la víctima, que sí sufrió la agresión sexual, pero por parte de otro pariente, decidió hablar y el caso recién se resolvió el pasado miércoles con la liberación de Mamani Martínez, hoy con 28 años de edad y una vida truncada por una falsa acusación fundamentada en expedientes por la Ley 348.
“La Ley 348 no defiende a las mujeres (los asesinatos a mujeres aumentan cada año desde su promulgación). No encarcelan al asesino, violador o maltratador, casi siempre encarcelan a inocentes y las que denunciaron falsamente (si es que las descubren) no son castigadas”, señaló el empresario Xavier Iturralde.
Mamani Martínez logró su liberación y aseguró que no siente rencor por su prima que lo acusó de violación; sin embargo, exigió a la justicia que dé con el verdadero responsable, porque aquel vive tranquilo y pasea en la calle. “Yo todo el tiempo estaba encerrado”, acotó.
En este caso, bastó la denuncia de la víctima menor de edad y el testimonio de sus hermanos para llevar al joven de 19 años al penal de Tarija.
La tramoya, según confesó la víctima, fue planificada por su propia hermana para encubrir a su entonces pareja, que actualmente ya es cuñado de la adolescente.
“A mí, mi cuñado me ha violado cuando tenía siete y nueve años”, relató el lunes la adolescente a medios de cobertura en Tarija, ciudad donde reside actualmente.
El agresor nunca fue señalado e incluso la hermana de la víctima pidió a su otro hermano que vaya a declarar contra el primo de ambos. Según la víctima, en ese caso hubo dinero de por medio para brindar ese falso testimonio.
La víctima recién pudo contar la verdad hace un par de años, porque asegura que vivió amenazada por su hermana y cuñado. Sin embargo, el proceso demoró dos años para que los administradores de justicia reviertan la sentencia y dicten libertad para Mamani Martínez.
Para Iturralde, este caso confirma que la Ley 348 “es un negocio para varios grupos feministas, fiscales, jueces y abogados”.
En ese marco, la activista liberal Carola Antezana, lleva varios años pidiendo que la denominada “Ley de lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer” sea abrogada, por considerar que no cumple su misión y, al contrario, se ha convertido en un instrumento de persecución y extorsión, sobre todo a varones.
También identificó a grupos feministas radicales de estar detrás de otros casos de denuncias falsas que llevan a la cárcel a hombres sin tener ningún sustento legal o indicio de prueba más allá de testimonios casi coordinados.
Antezana aseguró tener pruebas y documentación sobre el manejo que se hacen de este tipo de casos y no descarta que existan redes que se amparan en la normativa para realizar cobros por cada sentencia.
El caso destapó nuevamente las falencias de la Ley 348 y un discurso ideológico que se antepone a las competencias del ámbito judicial.
La familia Mamani Martínez inició el proceso contra el verdadero culpable, tras la confesión de la joven adolescente, hasta lograr una sentencia en febrero. Sobre la mujer, hermana de la víctima, que coaccionó para que se emita falso testimonio contra Richard, continúa el proceso.
