Un bien público se define como aquel que se provee y disfruta colectivamente, sin que el consumo de un individuo de ese bien público limite el consumo o disfrute de otro individuo de ese mismo bien. Sin embargo, los bienes públicos no son del público, son del Estado. En Bolivia, los bienes públicos son gestionados por el Estado, que no siempre refleja los intereses de todos los ciudadanos. Para que estos bienes sean verdaderamente de todos los bolivianos, es crucial promulgar una Ley que transfiera su propiedad a los ciudadanos nacidos al momento de su implementación. Sin esta medida, los bienes públicos seguirán siendo propiedad estatal, administrados por quienes detentan el poder político coyunturalmente.
La brecha de infraestructura: un freno al desarrollo
Bolivia enfrenta un rezago crítico en inversión en infraestructura, con un déficit anual estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2.5% del PIB, equivalente a unos $us. 1,100 millones. Esta brecha, acumulada durante 20 años, ha generado una pérdida de crecimiento económico de hasta 15 puntos porcentuales del PIB. La falta de inversión en sectores clave como transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento no solo limita la productividad, sino que afecta desproporcionadamente a los sectores más pobres, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a estos servicios. Según el BID, cerrar esta brecha podría incrementar el crecimiento económico en hasta 4 puntos porcentuales y mejorar la distribución del ingreso en un 15% en el índice de Gini.
Propuesta: un modelo de concesiones para el desarrollo
Para revertir esta situación, Bolivia debe implementar un ambicioso programa de infraestructura basado en un Sistema de Concesiones Público-Privadas bajo el modelo BOT (Construir, Operar, Transferir, por sus siglas en ingles). Este sistema permitirá atraer capital privado para financiar, construir y operar infraestructura en sectores como carreteras, hospitales, energía, agua, telecomunicaciones y puertos, entre otros. Entre 2022 y 2023, la inversión pública apenas alcanzó $us. 2,000 millones anuales, lejos de lo presupuestado. Un sistema de concesiones podría duplicar esta cifra, movilizando hasta $us. 4,000 millones adicionales para 2025-2030, generando 500,000 empleos anuales y reactivando la economía.
Marco institucional y normativo
La creación de una Ley de Inversión y Concesiones, respaldada por todos los sectores políticos, es esencial. Esta normativa regulará la adjudicación y ejecución de proyectos, permitiendo la participación de empresas nacionales y extranjeras. Además, se propone establecer el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), administrado por los Ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, para priorizar proyectos con alta rentabilidad social y económica, utilizando indicadores como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Un Consejo General de Concesiones y consejos departamentales y municipales garantizarán una gestión transparente y participativa, integrando a las comunidades en la planificación y ejecución.
Pilares estratégicos para 2025-2030
La Cartera de Proyectos 2025-2030 se basará en cuatro ejes:
1 Corredores bioceánicos: Mejorar la conectividad con Brasil, Paraguay, Chile y Perú, fomentando el comercio y el turismo.
2 Mejores ciudades: Desarrollar transporte público, hospitales y espacios recreativos para mejorar la calidad de vida urbana.
3 Modernización aeroportuaria: Potenciar el Hub de Viru Viru y mejorar la red de aeropuertos.
4 Seguridad hídrica: Proyectos para enfrentar la sequía y garantizar el acceso al agua potable.
Impacto socioeconómico
La inversión en infraestructura no solo impulsa el crecimiento económico, sino que reduce la desigualdad. En agua y saneamiento, cerrar la brecha (1.5% y 3.1% del PIB, respectivamente) disminuirá enfermedades y el tiempo dedicado a recoger agua. En energía, mejorará el acceso a la educación y reducirá la dependencia de fuentes como la leña. En transporte, facilitará el acceso a empleos no agrícolas, y en telecomunicaciones, mejorará la educación y el acceso a información. Estas mejoras pueden elevar la productividad económica hasta en un 75%, duplicando el ingreso per cápita en la mitad del tiempo.
Conclusión
Bolivia tiene la oportunidad de transformar su futuro mediante un modelo de concesiones que combine inversión pública y privada, con un marco normativo sólido y participación ciudadana. Cerrar la brecha de infraestructura no solo es una necesidad económica, sino un imperativo social para reducir la pobreza y la desigualdad. Es hora de actuar con visión y compromiso para construir un país más conectado, productivo e inclusivo.
- MARCEL RIVAS FALON
- Ex Director General De Migración
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