V21.- El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, presentó una denuncia contra Antonio de la Fuente y su abogado, José Ramiro Uriarte, por pretender alejarla del cargo mediante el uso de documentos falsificados.
«La magistrada Fanny Coaquira ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público, por el delito de falsedad y uso de instrumento falsificado contra dos ciudadanos, el señor De la Fuente y su abogado”, confirmó Torrez.
De la Fuente es conocido por ser uno de los “testigos” que presentó la exdiputada masista Lidya Patty para montar el denominado caso “golpe de Estado I”, pese a las denuncias que existían por presunta extorsión contra el autodenominado «ciudadano de a pie» que dijo haber presenciado los hechos de 2019 . En tanto, Uriarte fue vicecónsul de Bolivia en España entre 2015 a 2016, durante el régimen de Evo Morales, muy cercano al entonces canciller David Choquehuanca, hoy vicepresidente del Estado, y como abogado patrocinó a Maximiliano Dávida, exjefe antidroga que fue extraditado a Estados Unidos el año pasado por tráfico de sustancias controladas.
EL CASO
De acuerdo con los antecedentes, el 11 de junio de este año, De la Fuente y Uriarte presentaron una “acción de cumplimiento”, ante el juez del municipio yungueño de Coroico, Marcelo Lea Plaza para que se ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la credencial de la magistrada Coaquira, con el argumento de que ella faltó a la verdad en una declaración jurada sobre los requisitos de postulación, en relación a si fue docente en una universidad privada.
El juez Lea Plaza falló en favor de De la Fuente y dicha resolución dio paso al caso de “consorcio judicial”, en el que ahora están implicados el mismo juez; De la Fuente; su abogado, Uriarte; el exministro de Justicia, César Siles; el expresidente del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz, Yván Córdova; la exvocal Claudia Castro y el magistrado suplente de Coaquira, Iván Campero.
De la Fuente informó a su vez que, originalmente, el TSE rechazó su pedido de suspender a Coaquira, con el argumento de que la etapa de revisión de requisitos precluyó en 2024, antes de las Elecciones Judiciales de diciembre, por lo que sugería que, si existiera alguna otra observación se debería recurrir “ante la instancia correspondiente”. Así, De la Fuente presentó dicha acción de cumplimiento en Coroico.
No obstante, según la denuncia de la magistrada Coaquira, De la Fuente se valió de un documento fraguado para solicitar su suspensión ante del TSE. Torrez explicó que ahora, en este segundo proceso, se analizará la validez de dicho documento.
De esta forma se dará respuesta a una de las incógnitas del caso de consorcio judicial, en relación a la legalidad de los documentos de Coaquira y de otros magistrados, hecho que dio origen a las acciones de cumplimiento, calificadas como un “golpe al Órgano Judicial” y por medio de las cuales se pretendía comenzar a descabezar al TSJ, según lo afirmó su presidente, Romer Saucedo.
Torrez informó que la denuncia de Coaquira ya fue admitida y se tiene un fiscal a cargo, quien incluso podría pedir que los responsables de la Universidad Bolivariana comparezcan, a fin de que se verifique los documentos de la magistrada y si ella tuvo relación laboral o profesional en esa casa de estudios superiores. En ese sentido, el abogado aclaró que esa investigación está al margen del caso de consorcio judicial.
