El cuestionado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene en sus manos la última palabra sobre la habilitación o no del expresidente Evo Morales para las elecciones generales de agosto. Por un lado, los magistrados afirman que ya se emitió un fallo al respecto, pero también se cuestiona que puedan usar esa figura como una forma de chantaje para blindar a los denominados autoprorrogados.
El decano del TCP, Yván Espada, afirmó que las acusaciones de un presunto chantaje institucional carecen de fundamento y negó que exista presión alguna del alto tribunal al Órgano Legislativo.
“Ante una serie de especulaciones infundadas de diferentes actores políticos que han declarado el día de hoy, queremos decirle al pueblo boliviano que el Tribunal Constitucional tiene por misión velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y vigilar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales en todos los ámbitos”, expresó.
Espada subrayó que fue este Tribunal el que emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 y el Auto Constitucional 0083/2024, resoluciones que establecen con claridad los límites al número de mandatos presidenciales que puede ejercer un ciudadano.
El fallo, emitido en noviembre pasado por la Sala Cuarta del TCP, establece que no existe un derecho absoluto a la reelección, continua o discontinua, para el cargo de Presidente. Espada también recordó que la decisión se basa en la opinión consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que “la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”. En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 121/24 de inadmisibilidad, reconoció que Bolivia revirtió su jurisprudencia anterior al prohibir la reelección indefinida.
Las declaraciones del magistrado surgen en respuesta a versiones difundidas por legisladores opositores, particularmente la diputada Luciana Campero, quien denunció un supuesto chantaje institucional desde el TCP al Legislativo. Según esas versiones, los magistrados estarían condicionando la inhabilitación de Evo Morales a la aprobación de una ley que respalde la permanencia de los jueces prorrogados en sus cargos.
“No necesitamos de ninguna ley que nos blinde”, replicó Espada, desestimando por completo la denuncia. Asimismo, garantizó la realización normal de las elecciones generales previstas para agosto.
Al respecto, Campero, no solo aseguró tener información sobre el proceder de los magistrados en Sucre sino que luego conoció la resolución de la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, que eliminó la orden de aprehensión de Morales por el caso de presunto estupro y trata de personas.
“Una hora y media después, la juez Lilian Moreno resuelve una acción de libertad a favor de Evo Morales, dejando sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Evo Morales está imputado por trata y tráfico de personas, está imputado porque la carga probatoria lo convierte de acusado a imputado, es decir que existe una probabilidad de autoría de este delito”, señaló la diputada de oposición.
Al respecto, Campero, quien también realizó un seguimiento a la denuncia contra Morales, anunció que denunciará al Consejo de la Magistratura “este hecho porque el delito de prevaricato por parte de esta jueza, se ha cometido en flagrancia”.
Morales ya apareció fuera de su reducto del Chapare este 1 de mayo y afirmó que sin la orden de aprehensión, puede caminar por todo el país en su campaña electoral.
Las inscripciones de candidaturas se realizarán hasta el 18 en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de La Paz.
- ///V21/ con textos de EL DIARIO///
