La reconocida periodista orureña Carmen Torrez recibió una sentencia en un proceso de orden privado que le instauró un funcionario del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, pese a que el caso surgió a partir de información que la comunicadora emitió de forma pública y que, por tanto, debería pasar por la Ley de Imprenta vigente en Bolivia.
La querella derivó en que Torrez tenga que borrar de sus redes sociales, que utiliza para difundir información, todo tipo de contenido referido al secretario de Finanzas de la Gobernación de Oruro, Henry Heredia, quien fue filmado en una fiesta en aparente estado de ebriedad y haciendo ostentación del cargo.
Las personas en esa fiesta reclamaron el comportamiento del funcionario y comenzaron a hacer grabaciones para constancia de aquello. Esas mismas fuentes fueron quienes enviaron el material a la periodista y ella publicó las imágenes en sus redes que también le sirven para difundir el material periodístico y de cobertura diaria.
Heredia, según publica este domingo el portal Visión 360, presentó una denuncia acusando a Torrez de mellar su imagen y dignidad.
El proceso se instauró y la autoridad jurisdiccional dispuso que Torrez borre la publicación, sin embargo, el abogado del funcionario, Zenobio Callizaya, anunció que apelaría la resolución, para que se agrave la sanción con la publicación de una disculpa pública y el pago de dinero como indemnización.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Oruro (APO), Marco Antonio Flores, criticó que la autoridad judicial no haya dado lugar al pedido de la periodista, sobre la declinación de la competencia, para que el funcionario presente su denuncia ante un Tribunal de Imprenta, para que el tema se trate con la Ley de Imprenta, que ampara a Torrez, por su condición de periodista.
Asimismo, remarcó que Torrez es una periodista que ha realizado investigaciones y publicó información sobre malos manejos en la Gobernación y desde ahí es que ella es hostigada, incluso por el propio Gobernador de Oruro, Johnny Vedia.
“El propio gobernador ha enviado una nota firmada al medio de comunicación en el que trabaja la periodista, en el que pide que la colega se limite en sus declaraciones sobre la Gobernación y caso contrario asumirían medidas legales”, explicó Flores.
El representante mencionó que la APO y otras organizaciones que representan a los periodistas de Oruro se pronunciaron y condenaron al actual Gobernador. No obstante, este no se retractó y ni disculpó por tratar de censurar y atentar contra la libertad de prensa y expresión, resguardadas en la Constitución Política del Estado.
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