En la Cámara de Diputados están estancados 477 proyectos de ley que datan de diciembre de 2019. La mayoría de estas iniciativas son propuestas de declaratoria, pero también muchas tienen un impacto social. La oposición acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de “congelar” sus sugerencias legislativas. En el oficialismo dicen que existe una agenda.
La ley que propone enajenar un bien inmueble de propiedad de la Alcaldía de Guayaramerín a favor de lo que era la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) es la última en la lista de proyectos en tratamiento. Esta iniciativa data del 10 de diciembre de 2019 y fue entregada al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. No se lo abordó y quedó congelado junto a otros 476 proyectos que están a la espera de debate.
La oposición denunció que el oficialismo no considera temas estructurales que requiere de manera urgente el país, como la designación del defensor del pueblo, institucionalización de otros cargos y normas importantes para atacar la crisis de la justicia. Los opositores afirman que el MAS se limita a aprobar transferencias de terrenos, créditos y otras normas de carácter administrativo.
“Desde que hemos vuelto del receso parlamentario, prácticamente no sesionamos durante tres semanas, recién en la última semana se sesionó. Ahora, solamente se están tratando temas de cesión de terrenos, temas administrativos, y no así propuestas y demandas estructurales”, afirmó la diputada Luisa Nayar, de filas de Comunidad Ciudadana (CC).
En la lista de las normas estancadas están el proyecto que incorpora a los trabajadores de salud a la Ley General del Trabajo, el proyecto de ley de desarrollo de la Amazonia, el de política nacional para el desarrollo de ciudades, la ley del artista, la iniciativa contra el ecocidio y protección a la Madre Tierra, entre otras.
El listado se puede observar en la página digital de la Cámara de Diputados. Existe el segmento de leyes promulgadas, aprobadas con modificación, aprobadas, sancionadas y en tratamiento, que son las que están paralizadas.
Temas centrales
Al cerrar la agenda de 2021, la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectó a la reforma judicial, además de la elección del representante de la Defensoría del Pueblo como las tareas más importantes. Al inicio de 2022, el MAS no ha priorizado esa agenda y avanzó solo en presentar un proyecto de ley para elegir al nuevo o nueva defensora del pueblo.
“El primer reto de nuestra Asamblea es tener una agenda legislativa que, lamentablemente, no se la tuvo en 2021. Estuvimos andando de tumbo en tumbo y no la tuvimos. Ahora estamos trabajando en elaborarla”, afirmó el diputado Jerges Mercado (MAS).
El legislador dijo que las normas que están estancadas son una mayoría declarativas y administrativas y sugirió abordar temas de desarrollo sobre todo para su región, que es Santa Cruz.
Mercado mencionó la necesidad de incorporar en la discusión el demorado proyecto siderúrgico del Mutún, el Hub del aeropuerto de Viru Viru, además de la hidroeléctrica Rositas. Señaló que debe existir un respaldo político para iniciativas vinculadas con la ciencia y la tecnología.
“Temas como estos son centrales, pero sin desviarse de lo fundamental: Hay que volver al camino del crecimiento con distribución de riqueza y debemos derrotar a la pandemia. El tema de la justicia sigue pendiente y hay que nominar al defensor del pueblo y nosotros, como parlamentarios cruceños, vamos a hacer llegar nuestras propuestas”, dijo Mercado.
La oposición cuestionó que el MAS haya “separado” las iniciativas que presenta y que ni siquiera las aborden en comisiones. “El año pasado hemos presentado más de 40 proyectos de ley, pero que no fueron ni siquiera por las comisiones, por lo que exhortamos al MAS incorporar nuestros documentos, porque lo único que consideran son proyectos que vienen del Ejecutivo, es decir que los legisladores del oficialismo no están generando normas”, denunció la diputada Nayar.
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró que existen leyes que son favorables para universidades y regiones por la cesión de terrenos y declaratorias.
//FUENTE: EL DEBER//