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Los ministros de Estado no podrán ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por determinación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según fundamentó el magistrado Israel Campero, atendiendo un amparo constitucional interpuesto por el Ministro de Economía.
La información fue dada a conocer por la alianza Creemos, una de las dos fuerzas opositoras con presencia en la ALP.
La decisión judicial argumenta un vacío jurídico en la Ley Nº1350, que regula los efectos de la censura determinada por la ALP, concretamente el artículo 4. “(IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN). I. La Presidenta o el Presidente del Estado, no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución.”
“II La autoridad encargada de la designación de las Máximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones y empresas públicas. no podrá designar en este cargo a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido objeto de censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución”
El argumento fue expuesto por representantes de al menos ocho ministerios que, en conjunto, solicitaron la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar en su condición de terceros interesados, según Creemos.
Este trámite de amparo constitucional iniciado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se originó a raíz de su inasistencia a la Petición de Informe Oral (PIO No. 25/2022-2023) convocada por la Comisión de Política Social, el pasado 27 de abril de 2023, a objeto de explicar el desempeño de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, tras lo cual esa comisión derivó a la autoridad a una interpelación, que debía efectuarse el 16 de agosto. El acto fue suspendido debido al amparo constitucional.
“Esta determinación judicial lesiona gravemente la responsabilidad y atribución específica de fiscalización conferida a la ALP. Esto implica negar al país conocer el manejo y destino de los bienes públicos. En este caso específico los aportes de los trabajadores, recientemente bajo administración de la Gestora Pública (…) vemos que el Órgano Ejecutivo y la actual presidencia de la Cámara de Diputados orquestaron otra artimaña para evitar que se los fiscalice”, cuestionó el presidente de la Comisión de Política Social, Walthy Egüez, de Creemos.
La Comisión de Política Social reprogramó la Petición de Informe Oral para el próximo 6 de septiembre.
Para el diputado por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, esta resolución constitucional termina por cercenar a la democracia y al Órgano Legislativo, por intereses políticos.
“Nosotros vamos a iniciar el lunes, un proceso por prevaricato contra estos jueces que a espaldas de la población ha cercenado la facultad de fiscalización a la Asamblea Legislativa”, dijo.