El exjefe policial Iván Rojas, en exilio desde Santiago de Chile, anunció que volverá al país y entregará las pruebas del caso Senkata de 2019, al nuevo Gobierno.
En entrevista con Bolivisión, el excoronel y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quien hoy cumple labores de conserje en el vecino país, reiteró que tiene en resguardo las pruebas sobre los verdaderos responsables de la violencia y las muertes provocadas en la ciudad de El Alto el 19 de noviembre de 2019.
«La población merece conocer la verdad y creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer conocer esa verdad, y demostrar técnica y científicamente lo que se ha suscitado en Senkata», explicó.
Rojas, como había señalado varias veces, recordó que existían seis teléfonos celulares, recabados de algunos aprehendidos en El Alto aquella oportunidad, en los cuales existía un flujo de llamadas y chats de WhatsApp que revelaban una forma de coordinación que hubo durante esas jornadas.
Esos teléfonos celulares, denunció Rojas, «se perdieron de forma extraña» y ya no son parte de las pruebas que debería custodiar la Fiscalía. Sin embargo, aclaró que posee las copias de seguridad y estas serán entregadas al nuevo Gobierno.
«Se tiene la información, se la transmitió al GIEI y también me pongo a disposición de las autoridades que lo requieran; de no ser posible (estar en Bolivia), tengo las copias necesarias de seguridad que van a llegar a las autoridades o a las personas que deben ver y analizar esta información para establecer la verdad de los hechos», remarcó sin revelar nombres.
EL ROL DEL GIEI
En ese contexto, Rojas aludió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue convocado por el propio gobierno de Jeanine Áñez, pero que realizó su trabajo operativo de ocho meses durante el régimen de Luis Arce, con una marcada versión unilateral de los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Para el exjefe policial, el GIEI «parecía un grupo independiente», pero no tomó en cuenta su denuncia sobre los seis celulares como prueba de la coordinación detrás de las movilizaciones en Senkata.
El grupo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo conformado por Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert, Patricia Tappatá y como secretario ejecutivo Jaime Vidal Meler.
En la parte del informe de 471 páginas, la investigación del GIEI sobre los hechos de Senkata del 19 de noviembre de 2019, determina que hubo un «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de los grupos militares desplazados en la zona, además de negar un «riesgo comprobable» de daños mayores en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Ministerio de Defensa de aquel año, había informado que los manifestantes de El Alto respondían a «grupos pagados» y posiblemente con presencia de «agentes extranjeros».
También se justificó la acción militar por el riesgo de una toma de la planta de Senkata y el uso de dinamitas que pudo provocar una explosión fatal que hubiera dañado un perímetro de hasta 10 kilómetros en la urbe alteña
El GIEI en ningún caso indagó el porqué hubo las concentraciones de personas en Senkata o sobre algún tipo de coordinación. Para ese grupo internacional, la manifestación se dio por la tensión política del momento, avivada por la presencia militar, incluyendo el sobrevuelo de helicópteros y un avión que pasó al ras de la avenida 6 de Marzo, que enardeció los ánimos de la población.
Diez personas, todos varones, perdieron la vida esa jornada. Para el MAS se trató de una masacre cometida por el gobierno de Áñez, mientras los primeros informes del Instituto de Investigación Forense (IDIF) ese mismo año mencionaban calibres de bala que no corresponden al uso de las Fuerzas Armadas y evidencias de explosivos utilizados por los manifestantes. Con el regreso del MAS al poder en 2020, esos informes fueron archivados y se modificó la versión, la cual fue entregada como parte de los expedientes analizados por el GIEI.
