Las últimas declaraciones de la COB en relación a las medidas que aún quedan en anuncio por parte del gobierno de Rodrigo Paz no hace más que desnudar la verdadera naturaleza de un ente totalmente desvirtuado en el tiempo. Hoy en día se constituye en un escollo más que en un ente representativo de la clase obrera.
La idea de tener la vocería de la clase trabajadora no es amplificar los aireados reclamos de sus miembros muchas veces guiados por lo visceral más que la razón. En ese sentido es fundamental que la dirigencia, no solamente haga las veces de caja de resonancia sino analice, reflexione, sintetice y construya una propuesta.
El boliviano entiende la lucha sindical como un mero instinto y accionar salvaje sin nada de raciocinio, ese impulso animal por imponer a través de la violencia. Sin embargo, cuando se intenta reconstruir un país luego de 20 años de desinstitucionalización las formas son clave para marcar una hoja de ruta pacífica y guiada por la racionalidad.
La imposición y demanda cerrada de mantener el estatus quo independientemente de las condiciones del escenario actual en el país no solo destruye cualquier posibilidad de dialogo sino que agrava el problema al mandar un mensaje equivocado: “El ajuste es eludible para las masas movilizadas siempre y cuando el gobierno se dibuje el financiamiento haciendo uso del poder del guionista y un libreto acorde a las necesidades del sector popular”
Este mensaje además de ser incoherente e imposible de comprobar por sus propios emisores es totalmente irresponsable porque hace ver que la crisis por la que atraviesa el país tiene origen en causas que nada tienen que ver con el déficit fiscal y las desafortunadas políticas monetarias implementadas por la pasada administración.
El país no puede seguir por la misma senda, requiere cambios y parte de esos cambios son “neoliberales” como los califican los dirigentes de la COB. ¿Por qué? Sencillamente porque el modelo económico heredado luego de 20 años, tenía como premisa y condición excepcional para su desenvolvimiento el contar con ingentes recursos extraordinarios provenientes de la exportaciones de recursos naturales a precios internacionales elevados. Sin esta condición todas las “bondades” y conquistas sociales no son sostenibles en el tiempo, ergo deben ser eliminadas.
Donde las advertencias abundan y se atropellan unas a otras en su afán de mostrar la severidad de su posición las propuestas sensatas brillan por su ausencia. La Ley General del Trabajo tiene hoy a más de 80% de las personas en la informalidad sumada a la presión fiscal que deben soportar aquellos valientes que decidan aún en condiciones adversas hacer empresa en Bolivia.
Si el objetivo es salir con cierta rapidez del camino de la recesión ¿acaso no es coherente liberar a los empresarios de esta pesada carga para que estos tengan los incentivos y condiciones necesarias para crear fuentes de empleo? Los derechos laborales deben flexibilizarse no para acomodarse a los intereses del empresario sino para permitir que la economía nacional se formalice y a partir de este primer paso brindar condiciones para una seguridad social de corto y largo plazo acorde a las expectativas de cada individuo y no así de una dirigencia obrera que parece diseñar derechos que en su pellejo tienen sentido desestimando el caos que genera para el resto de los trabajadores.
Es así, los dirigentes de la COB con sus decisiones prefieren destruir fuentes de empleo con tal de que sus intereses personales prevalezcan en el tiempo. Esa disonancia entre su discurso y la realidad que forjan a partir de sus posiciones no escapa a la mayoría de los trabajadores que le han quitado el voto de confianza hace años a un ente que decía representar a esos sectores vulnerables.
¿Por qué no demandan que el déficit público se resuelva a la brevedad? ¿Eliminando gastos superfluos quitando el padrinazgo a tanto funcionario público avivado que se ensaña justamente con ese trabajador en precariedad? ¿Qué intereses defienden, los burócratas que viven del poder político o el trabajador afiliado a su organización?
Una reforma a la Ley General del Trabajo no es un retroceso es la Modernización de la Norma no como un listado de beneficios interminable que la hace inaplicable, sino que brinde las condiciones para que el trabajador pueda negociar y diseñar sus propios derechos laborales que parten de la seguridad social de corto y largo plazo, salud y jubilación en conjunto con el empleador. La flexibilización permite sopesar estos periodos de crisis, la tozudez y terquedad han degenerado en un país de trabajo precario donde solo sus dirigentes gozan de sueldos altos, servicios de salud y jubilación envidiables.
Critican a los neoliberales, y no se dan cuenta que actúan como la versión más siniestra de sus demonios.
Si sus intenciones son nobles propongan alternativas y no se aposten en sus trincheras ideológicas que solo benefician a aquellos que se pertrechan en ellas.
La crisis económica es real, y tocará afrontarla como sociedad boliviana guste o no. La diferencia está en mantener esa intransigencia y obstinamiento por mostrar que la realidad se escribe desde un escritorio vetusto en la sede del COB o reconocer el elefante en la habitación y demandar que el ajuste empiece desde el Gobierno, empeñen su “capital político” limpiando planillas innecesarias y cerrando puertas a botines políticos a los que nos gusta referirnos como empresas públicas estratégicas.
Ahora, no de aquí a 100 días. Hoy se requiere que el presidente del Estado Plurinacional, tome decisiones no más anuncios.
- CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
- Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
