El activista Fernando Hamdan activó un proceso de resarcimiento contra el gobierno de Luis Arce luego de haber sido detenido y presentado como “cómplice” y “asesor” del falso “golpe de Estado” del pasado 26 de junio de 2024. Su abogado, Juan Carlos Revollo, explicó que existen indicios sobre una simulación desde el Gobierno, tras el informe de la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores.
Revollo apuntó en especial a Arce Catacora y su entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quienes deberán responder por sus actos y este montaje político.
“Ellos tienen que ser perseguidos y sancionados, no solo en el ámbito resarcitorio sino por haber simulado un acto, un hecho y una condición que ha afectado la estabilidad económica y política del país. Ambos tienen que ser objeto de procesamiento penal por delitos comunes y no por delitos comunes”, expuso.
El jurista detalló que la acción de resarcimiento apunta al Estado y el caso deberá ser asumido por el nuevo presidente Rodrigo Paz. La acción resarcitoria pasa por una etapa de conciliación para quedar en una indemnización económica, no solo para Hamdan sino para todos los afectados, sobre todo efectivos de las Fuerzas Armadas, por el perjuicio que se generó a su libertad y trabajo al ser encarcelados en un golpe simulado, tal como estableció la Comisión Especial del Senado.
El 26 de junio del año pasado, un operativo militar liderado por el exgeneral Juan José Zúñiga tomó plaza Murillo, en lo que el Gobierno calificó como un “golpe fallido de Estado”. Sin embargo, ese mismo día, Zúñiga reveló que todo aquello fue organizado en coordinación con Arce, días antes, cuando ambos coincidieron en un encuentro de básquet en un colegio de la zona sur de La Paz.
Zúñiga se ratificó varias veces en sus declaraciones, sobre el montaje del operativo que tenía como objetivo levantar la imagen de Arce Catacora.
El militar fue dado de baja y quedó en detención preventiva en el penal de San Sebastián de Cochabamba desde entonces.
En tanto, Hamdan, quien es miembro de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en Bolivia, fue aprehendido la madrugada del 7 de julio del año pasado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y trasladado a La Paz. Solo el 1 de octubre reciente pudo salir del penal de San Pedro, por un permiso humanitario para asistir al velorio y entierro de su señora madre.
La pasada semana, la Comisión Especial de Investigación del Senado emitió su informe conclusivo, que fue aprobado por plenaria de la Cámara Alta, en el que señala: “No existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del Ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un golpe de Estado en Bolivia, y como consecuencia, de deponer el mandato constitucional del presidente del Estado, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional o tomar el control de instituciones o entidades del Estado”.
Lo que sí identificó la Comisión Especial fue el direccionamiento que dieron al personal militar, de forma irregular, el entonces general Juan José Zúñiga, My. Leonel Elio Sanjinés, My. Miguel Fernando Iriarte, My. Waldir Mamani y My. Luis Domingo Balanza, todos miembros del grupo denominado “Pachajchos”. En consecuencia, se advierte indicios de responsabilidad penal en grado de autoría para esos uniformados, por las conductas penales de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber emitido órdenes irregulares, aprovechando su grado y cargo en las Fuerzas Armadas.
