V21-RRSS

Arce conduce a Bolivia a la quiebra por el default

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 328.I que: Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por Ley: 1. Determinar y ejecutar la política monetaria, 2. Ejecutar la política cambiaria, 3. Regular el sistema de pagos, 4. Autorizar la emisión de la moneda, 5. Administrar las reservas internacionales”. Sin embargo, nos dejó sin reservas monetarias y ahora funciona la “maquinita”, que causa inflación.

Según las proyecciones del gobierno de Luis Arce, el crecimiento debía ser del 3% para 2025, sin embargo, el FMI proyecta un crecimiento económico de 1.1 % y una inflación del 15.1%, lo que indica una DESACELERACIÓN económica, en comparación con años anteriores. Y el Banco Mundial, en la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales, estimó que Bolivia cerró el año 2024 con un crecimiento del PIB de 1.4% y que en 2025 y 2026 el crecimiento será casi similar, 1.5% en ambos periodos. Recomienda a Bolivia reformas estructurales para diversificar la economía y mejorar la productividad. Estas proyecciones se basan en la disminución de la producción de hidrocarburos, la desaceleración de servicios, los bloqueos de carreteras y la escasez de divisas, por la deficiente administración del Estado por Luis Arce.

El FMI sugiere reformas para los desequilibrios económicos, como la eliminación gradual de subsidios, reducción del gasto público, reformas fiscales y una transición hacia un sistema de tipo de cambio móvil. Y varios candidatos ofrecen MÁS deuda y no mencionan las condiciones del FMI, que recomienda al país implementar reformas estructurales para diversificar su economía y mejorar su productividad.

A finales de 2024, la deuda externa de Bolivia era de alrededor de 13.400 millones de dólares, de acuerdo al reporte del BCB, mientras que la deuda interna alcanza los 29.827 millones de dólares, que representa el 37% de los ingresos anuales, según el Banco Mundial. En total, la deuda pública consolidada se estima en 43.173 millones de dólares, lo que equivale a 3.816 dólares por HABITANTE. Bolivia debe al BID 4.265.8 millones de dólares; a la CAF 2.723.1 millones; al Banco Mundial 1.580.7 millones, y a China 1.373.6 millones. La deuda pública en 2022 fue de 35.507 millones de dólares, con una deuda del 80.1% del PIB.

Por la deuda y la reducción de exportación, existe riesgo de que Bolivia entre en DEFAULT, debido a que no podría cumplir con el pago de intereses o la devolución del capital de préstamos o bonos, por la falta de divisas y una crisis económica interna, con protestas sociales. La falta de acceso a financiamiento externo dificulta el pago de la deuda, especialmente considerando la dependencia de la economía boliviana de las exportaciones de recursos naturales, como los hidrocarburos y minerales. Hoy existe descontento popular por la elevada inflación, que se disparó en mayo a más del 18% interanual y continua el ascenso, el dato más alto registrado en los últimos 17 años, así como una marcada escasez de carburantes y dólares.

El país necesita hasta diciembre 2.600 millones de dólares para la importación de carburantes y el “pago de la deuda externa”. Pero el despilfarro agotó las reservas internacionales liquidas, ya que importa combustibles con precios internacionales y los vende subvencionados internamente, con alto grado de corrupción. El gran problema de todo esto es que el Gobierno sigue utilizando la maquinita de impresión de bolivianos, que causa inflación ahora y en el futuro.

No somos sujetos de crédito y necesitamos dar garantías, al tener más DEUDAS se está comprometiendo futuras divisas que puedan ingresar al Estado. Están adquiriendo mayor deuda externa, sin rendición de cuentas, en contra de lo que manda la Constitución Política. Manteniendo la expansión del gasto, que se financia con mayor deuda interna, se presiona la inflación. Si llega el momento en que el gobierno no pague la cuota de los bonos soberanos, se tendrá que declarar en default y eso sería muy grave.

Exigimos a Luis Arce, como servidor público, que cumpla su TRABAJO y deje de hacer campaña con los recursos que nos pertenecen.

  • ANGÉLICA SILES PARRADO
  • Abogada, Ex Asambleísta Constituyente De Bolivia
  • *NdE: Los Textos Reproducidos En Este Espacio De Opinión Son De Absoluta Responsabilidad De Sus Autores Y No Comprometen La Línea Editorial Liberal Y Conservadora De VISOR21