Un reporte de la multinacional de internet, remitido a la Fiscalía General del Estado de Bolivia, permitió descubrir uno de los casos más graves de almacenamiento de pornografía infantil registrados en el país. El informe alertaba sobre una actividad digital inusualmente elevada vinculada con un usuario en Bolivia, y llevó a las autoridades a identificar en Santa Cruz de la Sierra a un hombre que almacenaba más de 6.000 archivos con contenido de abuso sexual contra menores.
La alerta fue enviada en el marco de acuerdos de cooperación internacional suscritos por el Estado boliviano. Tras recibir la información, la Fiscalía activó sus protocolos de investigación a través de la Unidad de Ciberdelitos y derivó el caso al Ministerio Público de Santa Cruz, que coordinó acciones con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), específicamente con la División de Trata y Tráfico de Personas.
Esta información fue brindada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, quien confirmó que el caso fue asumido en coordinación con la Fiscalía Superior en Razón de Género y la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Señaló que se trata de una investigación en curso que involucra presuntos delitos de pornografía con agravante y abuso sexual.
Operativos y hallazgos
El principal implicado fue aprehendido durante un allanamiento realizado en su domicilio ubicado en el barrio Paitití, sobre la carretera al norte de Santa Cruz. Según fuentes policiales, el hombre vestía uniforme de trabajo y dijo dedicarse a la construcción. En la vivienda se secuestraron varios dispositivos electrónicos, así como otros elementos que fortalecen la hipótesis de una posible red de intercambio de contenido ilícito mediante plataformas digitales.
Entre las evidencias encontradas se hallaron objetos que podrían pertenecer a menores de edad, cuya procedencia será investigada. La Fiscalía no descarta la existencia de otras personas vinculadas al caso ni descartó la existencia de una red delictiva.
Aún sin víctimas identificadas
El fiscal asignado, Mijail Cavero, informó que, hasta el momento, no se han identificado víctimas en el país. Sin embargo, se amplió la investigación ante la posibilidad de que existan otras personas involucradas o que los archivos pertenezcan a redes internacionales.
El comandante departamental de la Policía, coronel Rolando Rojas, calificó el caso como “grave y sensible” por la cantidad de archivos confiscados y el tipo de contenido. Agregó que se realizarán pericias forenses digitales para determinar el origen de los materiales, la posible participación de terceros y la ruta de distribución.
Cooperación internacional
Este caso pone en evidencia la importancia de los acuerdos de cooperación internacional entre plataformas digitales y sistemas judiciales, así como el rol de la tecnología en la lucha contra la explotación sexual infantil en línea, cargos sobre los que el país aún no tiene legislación precisa.
- ///FUENTE: EL DEBER///
