A los 19 años, Richard Mamani Martínez fue encerrado en la cárcel de Morros Blancos acusado de un crimen que no cometió. Hoy, nueve años después, sale a la luz como símbolo de una de las más graves fallas del sistema judicial boliviano: fue condenado a 25 años de prisión por una violación que, según se comprobó, fue cometida por otro hombre —el esposo de la hermana de la víctima— y no por él.
“Mi juventud, ¿quién me la devuelve?”, preguntó Richard con los ojos llenos de lágrimas al recobrar su libertad. Su voz cargada de impotencia y dolor marcó una jornada histórica para la justicia boliviana.
El caso se remonta a julio de 2016, en Villa Charcas, Chuquisaca. Una niña de 12 años, víctima de violencia sexual, fue presionada por su entorno a culpar falsamente a su primo Richard. ¿La razón? Encubrir al verdadero autor de la violación: su cuñado, pareja de su hermana, quien habría coaccionado a la menor a guardar silencio.
Según relató la joven años después, no pudo hablar antes por las amenazas que sufría y por vivir bajo el mismo techo que su agresor. Cuando cumplió la mayoría de edad en 2023, se armó de valor, acudió a la plaza Luis de Fuentes en Tarija y confesó públicamente que su acusación inicial fue manipulada.
“No decía nada porque vivía con él, me amenazaba y no me dejaba volver a casa, al campo”, confesó la joven a medios locales.
Esa declaración fue el punto de quiebre que reabrió el caso. A pesar de que el verdadero autor fue sentenciado en febrero de este año, Richard seguía tras las rejas. Recién este viernes, acompañado por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, logró abandonar la cárcel.
Un proceso judicial marcado por errores y omisiones
Richard fue sentenciado sin pruebas objetivas en un juicio sumario ante un tribunal en Camargo. El proceso judicial, según denunciaron sus familiares, estuvo plagado de irregularidades: “El violador seguía libre mientras mi hijo era castigado sin pruebas”, denunció su padre, Anacleto Mamani, en febrero pasado.
“No tengo palabras, pero estar aquí nueve años de manera injusta ha sido doloroso para mí y para mi familia”, declaró Richard al salir del penal.
Las investigaciones tardaron casi una década en reconocer lo evidente: la inocencia de un joven cuya única falta fue haber sido parte de una familia rota por la violencia y el silencio.
Aunque el Gobierno boliviano aún no ha emitido una declaración formal sobre una eventual compensación, desde el entorno legal de Richard se anticipan acciones para exigir una reparación por los años perdidos. El defensor del Pueblo ha señalado que el caso es emblemático y que servirá para visibilizar las fallas estructurales del sistema penal boliviano.
Por su parte, Richard no busca venganza, pero exige justicia completa: que quienes lo incriminaron falsamente enfrenten consecuencias y que se tomen medidas para que nadie más viva el infierno que él atravesó.
“Llegar injustamente a la cárcel no se lo deseo a nadie”, concluyó con la voz entrecortada.
- ///FUENTE: EL DEBER///